**La propuesta de los diputados Anuar Azar y Pablo Fernández busca eliminar el pago de ISAI y derechos del IFREM en el Edoméx, generando un ahorro directo de más de 63 mil pesos en escrituración.
Redacción
Toluca, Estado de México. 0— Con el objetivo firme de derribar las barreras financieras que impiden a las nuevas generaciones consolidar un patrimonio propio, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa propuso ante la LXII Legislatura del Congreso mexiquense exentar del pago de los servicios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) a los matrimonios jóvenes que adquieran su primera vivienda.
La iniciativa de reforma al Código Financiero de la entidad —suscrita de igual manera por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Pablo Fernández de Cevallos González— va dirigida específicamente a parejas donde ambos cónyuges tengan entre 18 y 29 años de edad. La medida responde directamente a las complejidades del mercado inmobiliario actual, caracterizado por los altos costos de los inmuebles, las trabas en la aprobación de créditos bancarios y las densas cargas fiscales por escrituración.
Para dimensionar el impacto económico, el proyecto legislativo expone que durante 2025 el valor promedio de avalúo para una vivienda de categoría media en el Estado de México se situó en un millón 863 mil 965 pesos. Con base en estas cifras, por un inmueble con un costo cerrado de 2 millones de pesos, los compradores deben desembolsar 37 mil 141.9 pesos por concepto de ISAI y 26 mil 586 pesos por la inscripción registral ante el IFREM.
Esto equivale a un gasto total de 63 mil 727.9 pesos, suma que representa el 85% del costo de escrituración y que, al sumar los honorarios notariales, eleva el pago final a aproximadamente 74 mil 974 pesos extras al valor de la propiedad.
Asimismo, el documento incorpora indicadores del Consejo Nacional de Vivienda, los cuales revelan que, de los 2 millones 919 mil 312 hogares liderados por jefaturas jóvenes en el país, un millón 112 mil operan bajo esquemas de arrendamiento. De este universo, poco más de 101 mil familias jóvenes se ven obligadas a destinar hasta el 30% de sus ingresos corrientes exclusivamente para cubrir el pago de la renta.
Al respecto, Azar Figueroa argumentó en sesión deliberante que la vivienda digna supera la definición de una simple estructura física, al tratarse del núcleo donde se edifica y cohesiona la familia. Por ello, concluyó que brindar certidumbre y estabilidad mediante una propiedad ejerce un rol fundamental para que las nuevas generaciones críen, cuiden y eduquen a sus hijos en entornos seguros, facilitando su correcta integración y desarrollo en la comunidad.
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