**La LXII Legislatura aprueba exhorto para fiscalizar de forma rigurosa el gasto y los resultados reales en las 11 demarcaciones del Estado de México que mantienen Alerta de Violencia de Género.
Toluca, Estado de México. Con el propósito de garantizar la máxima transparencia e impacto social en el gasto público, la LXII Legislatura mexiquense exhortó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a realizar auditorías de cumplimiento y desempeño sobre los recursos estatales destinados a combatir la violencia de género. La revisión se enfocará en los 11 municipios de la entidad que cuentan con Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
El exhorto fue propuesto formalmente en tribuna por la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, y recibió el respaldo directo de la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo (PT). Tras su aprobación en sesión deliberante, el acuerdo mandata al OSFEM a remitir un informe detallado con los resultados de las inspecciones directamente a la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género del Congreso estatal.
Las auditorías recaerán de manera directa sobre los gobiernos de Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. La diputada Santos Rodríguez expuso que, dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2026, se asignó una bolsa global de 260 millones de pesos (mdp) para este rubro; de este monto, 210 mdp son ejercidos sin intermediarios por las 11 alcaldías mencionadas, mientras que los 50 mdp restantes están bajo la administración de la Secretaría de las Mujeres del gobierno estatal.
La legisladora promovente advirtió que detrás de cada peso etiquetado existe la estricta responsabilidad pública de prevenir agresiones, robustecer las capacidades de las instituciones, mejorar los mecanismos de atención médica y psicológica, acelerar la búsqueda de mujeres o niñas desaparecidas y generar entornos urbanos seguros. Añadió que reportes de la propia comisión hídrico-legislativa y fuentes hemerográficas sugieren la existencia de subejercicios presupuestales en diversas alcaldías, así como una preocupante falta de criterios operativos para evaluar a los ayuntamientos que cumplen con las metas frente a los que registran rezagos.
Al respecto, la parlamentaria Ana Yurixi Leyva aclaró que esta medida de fiscalización no busca perseguir de forma arbitraria o cuestionar políticamente a las demarcaciones alertadas, sino conocer con precisión métrica cuáles han sido sus alcances institucionales y metas logradas, transitando de una simple comprobación de facturas y trámites administrativos hacia una evaluación cualitativa de impacto en la sociedad.
Durante el desarrollo de la sesión, la diputada Sandra Patricia Santos hizo un balance de la seguridad estatal y reconoció una tendencia a la baja en la incidencia del delito de feminicidio en el Estado de México, el cual pasó de registrar 156 casos en el año 2020 a descender a 55 durante 2025, manteniendo un indicador de 38 casos detectados durante los primeros nueve meses transcurridos de este 2026. La congresista atribuyó este avance sustancial al liderazgo y compromiso humano de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en su agenda de erradicación de la violencia.
No obstante, la legisladora puntualizó que dicha reducción no establece de manera automática o aislada una relación de causa y efecto con la forma en que cada municipio gasta su presupuesto. Por ello, concluyó que resulta indispensable que el OSFEM provea información técnica objetiva para verificar con exactitud qué recursos se ejercieron, en qué conceptos específicos se aplicaron y cuáles acciones consiguieron de forma efectiva salvaguardar la vida de las mujeres mexiquenses.
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