El programa itinerante beneficia a habitantes de 13 municipios, permitiéndoles inscribir sus inmuebles ante el Instituto de la Función Registral y asegurar su tranquilidad patrimonial.
Redacción
Temascaltepec, Estado de México. – Con el propósito de otorgar tranquilidad patrimonial, un total de 212 familias provenientes de 13 municipios del sur de la entidad recibieron sentencias judiciales de usucapión, mediante el Programa de Usucapión Social Itinerante del Poder Judicial del Estado de México, con las que se reconoce legalmente su derecho de propiedad sobre los inmuebles materia de los procedimientos.
Para dar validez formal a este beneficio, la Dra. María Elena Pons Escalera, titular de la Coordinación de Enlace en Materia Civil y Mercantil del Poder Judicial del Estado de México, en compañía de las magistradas integrantes del Órgano de Administración Judicial, participó en la entrega de estas resoluciones, que representan un paso fundamental para la regularización jurídica del patrimonio de las familias beneficiadas.
En cuanto al sustento legal de este beneficio, las sentencias de usucapión tienen un alcance jurídico trascendental, pues constituyen resoluciones jurisdiccionales mediante las cuales, una vez acreditados los requisitos establecidos en la legislación civil, se declara la adquisición del derecho de propiedad por prescripción positiva, derivada de la posesión ejercida en las condiciones y durante el tiempo previstos por la ley.
Como paso posterior a la entrega de las resoluciones, una vez que adquieren firmeza, estas determinaciones judiciales constituyen título de propiedad a favor de las personas beneficiadas y permiten realizar los trámites correspondientes para su inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a fin de otorgar publicidad registral al derecho reconocido y fortalecer su seguridad jurídica frente a terceros, en los términos de la legislación aplicable.
Gracias a este esfuerzo de justicia itinerante, las familias dejan atrás la incertidumbre derivada de la falta de un título formal de propiedad y obtienen el reconocimiento judicial de su derecho, lo que les permite contar con mayor seguridad patrimonial y ejercer las facultades inherentes al dominio
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