Por: Alejandro Carrillo
Síguenos en nuestras redes sociales como Péndulo Online
CDMX.-Con el propósito de que las familias mexicanas puedan acceder a créditos bancarios sin enfrentar cargas moratorias desproporcionadas y/o comisiones encubiertas, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar las leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como de los Sistemas de Pagos, para que se establezcan e impongan topes máximos en los costos operativos de los servicios financieros para que las instituciones prestamistas operen con reglas claras.
Al suscribir esta iniciativa, el senador por el Estado de México explicó que los créditos otorgados por instituciones de banca múltiple o de desarrollo, constituyen un instrumento esencial para el desarrollo económico y la inclusión financiera; sin embargo, cuando su otorgamiento carece de límites razonables, se convierte en un mecanismo de sobreendeudamiento para las familias o las personas.
“Si bien estas instituciones han contribuido de manera significativa al fortalecimiento del crédito en el país, también es necesario reconocer que, en algunos casos, la estructura de comisiones, intereses moratorios y cargos adicionales asociados a productos financieros, ha generado condiciones desventajosas para los usuarios, particularmente, cuando estos no se encuentran debidamente regulados o transparentados, por lo que hay que reconocer que existen relaciones asimétricas donde una de las partes posee superioridad técnica, económica e informativa que no podemos permitir”, aseveró.
El senador panista, Enrique Vargas, detalló que la cartera de crédito al consumo supera 1.7 billones de pesos en México, con una tasa de morosidad promedio de tres por ciento, lo que representa intereses moratorios acumulativos, capitalización de deuda y cargos adicionales que dificultan la recuperación de la estabilidad financiera de las familias, por lo que es necesario establecer topes máximos legales para el cobro de estos rendimientos moratorios en los préstamos otorgados por instituciones bancarias u otras entidades financieras, toda vez que no existen actualmente.
“El que no existan estos topes ha permitido que las tasas de interés moratorio se pacten libremente, incluso, de forma superior al interés ordinario pactado y que, a menudo, se capitalicen, lo que significa que se suman al capital adeudado, lo que incrementa exponencialmente la deuda de los usuarios”, comentó.
Enrique Vargas agregó que un importante número de quejas de los usuarios refieren que estas instituciones llegan a cobrar comisiones adicionales que oscilan entre tres y seis por ciento del monto de operación en puntos de venta, al realizar pagos con tarjetas de débito o crédito, lo que distorsiona los precios de los bienes o servicios, por lo que, si bien ya se han hecho algunas reformas para prohibir estas cargas financieras, es necesario llevar a cabo una regulación más clara y uniforme que proteja el poder adquisitivo de las familias mexicanas y evitar que las instituciones trasladen a los consumidores costos que deben absorberse como parte de la actividad ordinaria.
Por lo anterior, en la iniciativa del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN se establece que en las operaciones activas que celebren instituciones de crédito, los intereses moratorios no podrán exceder de la tasa de interés ordinaria establecida en el contrato y, en ningún caso, estos podrán capitalizarse ni calcularse sobre réditos vencidos o comisiones no pagadas, las cuales deberán aplicarse exclusivamente sobre el saldo insoluto del capital principal, mientras que éstas deberán informarse de forma clara, precisa y destacada.
Adicionalmente, se estipula que las instituciones no podrán establecer cláusulas que permitan el cobro acumulativo de intereses moratorios, penas convencionales y comisiones que generen la capitalización de los intereses, al tiempo en que se señala que estos deberán calcularse a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento pactada para el pago, sin incluir intereses ordinarios vencidos ni comisiones pendientes.
En tanto, también se establece que las entidades financieras y/o establecimientos comerciales no podrán cobrar al usuario comisiones, cargos o porcentajes adicionales por el uso de medios electrónicos de pago, y el incumplimiento será sancionado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Finalmente, la iniciativa de reforma contempla que las entidades y comercios afiliados a sistemas de pago deberán garantizar que el precio anunciado al público sea el final y total a pagar por el cliente, por lo que quedará prohibido trasladar comisiones o cargos adicionales por el uso de tarjetas de débito, crédito u otros medios electrónicos de pago.
