** El Magistrado mexiquense destacó que la reforma —cuyo plazo de implementación nacional se amplió hasta el 1 de julio de 2031— exige transformar procesos, transitar a la justicia digital, adoptar la oralidad y superar retos presupuestales, institucionales y tecnológicos.
Redacción
Puerto Vallarta, Jalisco, Méx. – Los cambios en la impartición de justicia civil y familiar requieren mucho más que nuevas reglas; implican transformar procesos, actualizar instituciones y preparar a quienes resuelven los conflictos de las personas, expresó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, al impartir la ponencia “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.
La participación se dio en el marco del XX Congreso de Juezas y Jueces del Estado de Jalisco, un encuentro inaugurado por el Magistrado José Luis Álvarez Pulido (Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de dicha entidad), quien invitó a Macedo García y resaltó la importancia de la preparación constante para construir mejores juzgadores y personas. El evento reúne a magistrados, jueces y especialistas nacionales y de Colombia para compartir conocimientos, contrastar experiencias y reflexionar sobre el futuro de la justicia.
Antecedentes y retos institucionales
Ante el foro especializado, Macedo García realizó un recorrido por los antecedentes constitucionales y legislativos de la reforma, desde la modificación al artículo 73 de la Carta Magna en 2017 hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023. Asimismo, hizo referencia a la reciente reforma del 20 de octubre de 2026, la cual amplió el plazo máximo para la implementación nacional del Código hasta el 1 de julio de 2031.
Al analizar los desafíos para el pacto federal y la operación en las entidades, el Magistrado Presidente advirtió sobre retos críticos, tales como:
- La falta de previsiones presupuestales específicas.
- La necesidad de revisar los procesos de adopción.
- La ausencia de vías sumarias para asuntos determinados (pérdida de patria potestad, usucapión, violencia familiar y divorcio incausado).
- La implementación de la justicia digital (expedientes electrónicos, trámites en línea y seguridad de la información), lo que puntualiza la urgencia de fortalecer la infraestructura tecnológica de los tribunales.
Avances, oralidad y nuevas reglas procesales
Pese a los retos, el ponente reconoció avances sustanciales de la reforma, como la homologación de criterios, los ajustes razonables para personas en situación de vulnerabilidad y la protección reforzada de los derechos de las familias, niñas, niños y adolescentes, además de la disposición para emitir sentencias en lenguaje claro y sencillo dentro de los plazos legales para resolver.
En materia estrictamente procesal, explicó que la transición a la oralidad modificará radicalmente la dinámica de los juicios bajo los principios de inmediación, contradicción, continuidad y concentración, permitiendo el desarrollo de audiencias y la emisión de resoluciones de manera directa.
Finalmente, ahondó en las nuevas reglas de competencia, emplazamiento, excepciones procesales, prevención de demandas, rebeldía y allanamiento. Respecto al desahogo de pruebas, enfatizó la desaparición de la prueba confesional para dar paso a la declaración de parte (propia y contraria), así como las nuevas directrices para las pruebas testimoniales y periciales; modificaciones que, concluyó, demandarán mayores destrezas de litigación y conducción por parte del cuerpo judicial.
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