A propuesta del diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, la LXII Legislatura enviará una reforma al Congreso de la Unión para eliminar restricciones en la contratación de policías, médicos, enfermeras y paramédicos.
La iniciativa busca modificar la Ley de Disciplina Financiera para que los estados y municipios puedan ampliar sus plantillas laborales sustantivas sin el límite del 3 por ciento anual.
Redacción
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Toluca, México. – La LXII Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa promovida por el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (morena), a la que se adhirió el legislador Osvaldo Cortés Contreras (morena), para proponer formalmente al Congreso de la Unión una reforma estructural a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. El proyecto busca exceptuar de las restricciones de gasto en servicios personales a los rubros críticos de seguridad pública y salud, permitiendo a los estados y municipios robustecer sus plantillas operativas para cumplir con sus obligaciones constitucionales.
El planteamiento legislativo avalado por las, le y los diputados mexiquenses contempla la contratación libre de policías, personal médico, de enfermería, paramédico y afín, bajo la condición de que las excepciones abarquen únicamente al personal que participe de manera directa en las funciones sustantivas de estas áreas. Adicionalmente, la reforma propone excluir de los techos financieros aquellos gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o modificaciones a las mismas.
Eliminación de candados presupuestales
Durante la lectura del dictamen en sesión deliberante, el proponente detalló las limitantes que impone el marco jurídico actual y los cambios propuestos:
- El tope vigente: Actualmente, la asignación global para servicios personales en los presupuestos de egresos tiene como límite el crecimiento real del ejercicio anterior, topado al valor que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).
- Escenario negativo: La ley vigente estipula que si el PIB registra una variación real negativa, se considera un crecimiento real igual a cero, permitiendo como única excepción los montos erogados por sentencias laborales definitivas.
- Transparencia y control: Con la nueva reforma, los gastos aprobados bajo esta excepción de salud y seguridad deberán identificarse y reportarse de manera diferenciada tanto en los presupuestos de egresos como en las cuentas públicas locales.
El legislador Samuel Ríos puntualizó que las restricciones vigentes dificultan la atención inmediata a las demandas más sensibles de la población en materia de protección civil, combate al delito y cobertura sanitaria.
Por último, el proyecto mandata que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), realice las adecuaciones normativas y de clasificadores necesarias en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del dictamen, asegurando que las entidades federativas y los municipios cuenten con las herramientas contables para transparentar de forma específica este gasto social.
