- La propuesta busca proteger a 3.7 millones de mexiquenses que habitan en un millón de inmuebles rentados y que carecen de acceso a créditos hipotecarios.
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Redacción
Toluca, México. – Con el propósito de reconocer el derecho a la vivienda en condiciones dignas, asequibles y con seguridad en la ocupación, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso una iniciativa de reforma al Código Civil y a la Ley de Vivienda del Estado de México. La propuesta establece que el incremento de las rentas no sea superior a la inflación, fija plazos claros para el arrendamiento y los tiempos de anticipación para desocupar los inmuebles, e instruye el registro de los contratos ante el Sistema Estatal de Vivienda.
Al exponer su propuesta en sesión ordinaria de la LXII Legislatura mexiquense, el legislador detalló que la entidad cuenta con un universo de 5 millones 232 mil 428 viviendas, de las cuales un millón son rentadas por cerca de 3 millones 700 mil personas. Martínez Vargas explicó que históricamente las políticas de vivienda se han centrado en el fomento a los inmuebles nuevos, dejando desprotegidos a millones de mexiquenses que no tienen acceso a financiamiento hipotecario y para quienes el arrendamiento representa su única alternativa de habitabilidad y movilidad laboral o educativa.
Certeza jurídica y regulación de contratos
El documento legislativo plantea modificaciones estructurales para garantizar la seguridad de la tenencia y evitar desalojos arbitrarios mediante las siguientes disposiciones:
- Tope a incrementos: Los contratos deberán estipular formalmente que cualquier aumento de renta en la renovación será igual o menor a la inflación reportada por el Banco de México en el año inmediato anterior.
- Plazos de renta: Si se omite fijar el plazo de la renta, se adoptará el máximo legal vigente de tres años para bienes urbanos destinados a casa habitación.
- Notificación de desocupación: Tanto el arrendador como el arrendatario estarán obligados a comunicar por escrito —o cualquier medio con constancia fehaciente— su voluntad de dar por terminada la relación con una anticipación mínima de 90 días naturales, incluso en los casos donde opere la prórroga tácita del contrato.
Creación del Registro Digital de Contratos y políticas de subsidio
La iniciativa ordena que los contratos se inscriban, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a su celebración, ante el nuevo Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, una plataforma electrónica de carácter no público que operará la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura a través del Sistema Estatal de Vivienda. Asimismo, se impone al arrendador la obligación estricta de asegurar que el inmueble cuente con todos los servicios básicos para su habitabilidad.
Finalmente, la reforma mandata que la Política Estatal de Vivienda dé prioridad al arrendamiento digno, incorporando facilidades administrativas y modalidades de subsidios económicos dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que no tenga acceso a créditos hipotecarios tradicionales. Con ello, se busca transitar hacia un modelo habitacional inclusivo que reduzca el endeudamiento de los hogares y fomente un desarrollo urbano ordenado y sostenible en el Estado de México.
