*La iniciativa presentada por Gabriel Rodríguez Hernández busca garantizar derechos póstumos a comunicadores asesinados y sus familias
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Redacción
Toluca, Méx.- Ante el alarmante número de asesinatos y desapariciones forzadas en contra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, el periodista Gabriel Rodríguez Hernández de El Informativo Veraz, propuso a la LXII Legislatura del Estado de México una iniciativa para incluir un apartado de Protección y Seguridad Post Mortem dentro de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Según cifras documentadas por Teodoro Rentería Arroyave, Presidente Honorífico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, durante el 3er Foro de Análisis de Reformas a la Ley, hasta el 26 de marzo del año en curso se contabilizaban 398 personas asesinadas, entre ellos 337 periodistas, 9 locutores, 16 trabajadores de prensa, 19 familiares, 12 amistades de comunicadores, 2 civiles y 3 escoltas, además de 28 desapariciones forzadas pendientes de esclarecer, sin embargo cada entidad gubernamental tiene cifras propias, lo que puede complicar una visión integral del fenómeno.
Gabriel Rodríguez explicó que la propuesta solicita que el Estado de México se haga responsable de otorgar sepelios dignos y cubrir gastos funerarios de periodistas mexiquenses que fallezcan de manera violenta o por enfermedades crónicas. También establece la entrega de apoyos económicos, medidos en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), a familiares directos de los periodistas fallecidos.
Algunos puntos destacados de la propuesta incluyen: Artículo 2: En caso de asesinato o fallecimiento de un periodista reconocido por las autoridades o asociaciones del gremio, el Estado deberá asumir los gastos funerarios, extensivos a familiares consanguíneos cercanos.
Artículo 3: Si el comunicador fallece por una enfermedad crónico-degenerativa registrada en el sistema IMSS-Bienestar, el Estado cubrirá también los gastos asociados al sepelio.
Artículo 4: Se otorgarán 5 UMAs a familiares de periodistas fallecidos por enfermedad y al menos 15 UMAs si el fallecimiento ocurrió durante el ejercicio profesional.
Artículo 6 y 7: En caso de muerte por causas asociadas al crimen organizado o en ejercicio profesional, incluso fuera del territorio mexiquense, se contempla la entrega de recursos post mortem y el costo de traslado del cuerpo.
Rodríguez Hernández instó a las fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura a que escuchen y analicen esta iniciativa, señalando que la muerte de un periodista no debe terminar con la negligencia del Estado, y que es una obligación moral y política resarcir a las familias de quienes arriesgan su vida por informar.
“No se trata solo de proteger en vida, sino de garantizar dignidad después de la muerte, y que el Estado reconozca el valor del ejercicio periodístico aún en su desenlace más trágico”, señaló el periodista durante un foro ciudadano reciente.
Esta propuesta se suma a las voces que exigen una reforma real y con sentido humano, en un país donde el periodismo continúa siendo una profesión de alto riesgo.
Ahora, el reto queda en manos del Congreso mexiquense, que tendrá que decidir si da un paso histórico hacia la protección integral del gremio o mantiene el vacío legal que deja en el abandono a cientos de familias.
