**Advierte quejosa que ambas juezas aparecerán en las boletas de la elección judicial, por lo que es “un riesgo”, que participen cuando actúan de forma parcial.
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Por: Redacción
Tlalnepantla, Estado de México. -La albacea de la herencia del señor Agustín Eduardo Bourillon y Heredia, la licenciada Alma Díaz, fue revocada de su cargo derivado del ilegal consejo que la jueza supernumeraria adscrita al juzgado 7 familiar de Naucalpan Indra Ivón Castillo Robledo dio a su contraparte durante una audiencia celebrada el 13 de enero del 2025, en la que además, negó el uso de la voz a la litigante señalada, no obstante que ella es albacea de una de las partes en el juicio y por ello, tenía todo el derecho a intervenir, derecho que arbitrariamente le fue negado por la juez Castillo quien por cierto, es candidata por la fórmula 14 para contender por el cargo de magistrada del distrito judicial de Toluca por la planilla verde en la muy cercana elección judicial. Las anomalías ocurridas en la audiencia mencionada constan en la queja número DGC/DTLAL/45/INV/2025, de la que conoce la contraloria de Tlalnepantla desde el mes de febrero de 2025.
Alma Díaz , explicó también que en la citada audiencia la jueza incumplió con su obligación de video grabarla además de que permitió el acceso de personas ajenas al proceso judicial. sostuvo que las pruebas de su dicho se encuentran en la queja antes mencionada sobre este caso.
Parece haber un contubernio entre la juez supernumeraria adscrita al juzgado séptimo familiar de Naucalpan ( la juez Castillo Robledo que conoce del expediente 1390/2021) y la juez titular del mismo (Alejandra Pérez que conoce del expediente 847/2022) quienes despachan en la misma oficina del juzgado mencionado, lo cual fomenta que entre ambas cocinen resoluciones plagadas de irregularidades.
Alma Díaz, explica que la determinación de su revocación no ha quedado firme y a pesar de ello, ambas juezas le han negado su derecho a continuar actuando en los dos expedientes, violando con ello derechos procesales fundamentales y contraviniendo las normas que rigen la conducta de los servidores públicos del Poder Judicial.
Agrego que a pesar de buscar al magistrado Fernando Díaz, titular del Poder Judicial del EdoMéx para pedirle su intervención en este penoso asunto, hasta el día de hoy no ha hecho espacio para recibirla, a pesar de haberlo solicitado ya en tres ocasiones.
Comento la licenciada Alma Diaz, que la jueza Castillo Robledo inexplicablemente se ha negado a requerir al ex albacea Agustín Eduardo Bourillon Cánovas para que específicamente entregue un vehículo mercedes Benz valuado en casi 500 mil pesos, así como más de un millón de pesos en efectivo que indebidamente tiene en su poder porque ambos son bienes de la herencia en el expediente 1390/2021, por lo que la litigante señalada ha insistido con la juez Castillo para que se haga tal requerimiento con la finalidad de que se ponga a resguardo la masa hereditaria, a la cuál cada mes se suman alrededor de 30 mil pesos, producto de las rentas de dos inmuebles que sigue cobrando el señor Agustín Eduardo Bourillon Cánovas quien Ya no tiene derecho a hacerlo porque se le removió de su cargo de albacea desde mayo del 2023. Sin embargo, la litigante apuntó: “Esto no ha ocurrido”.
En este punto, la Licenciada Alma Díaz sostuvo que tiene la sospecha fundada de que se ha ido formando un entramado de corrupción que está dando al traste con la voluntad del señor Agustín Eduardo Bourillon y Heredia cuya última voluntad fue designarla a ella para que fungiera como su albacea y se asegurara de que sus bienes quedarán en manos de quien el decidió y en la forma en que él lo decidió, voluntad que ha sido pisoteada por las dos juezas del juzgado séptimo familiar de Naucalpan Estado de México.
Durante conferencia de prensa, la litigante mencionada señaló que es necesaria la intervención del presidente del tribunal superior de justicia del Edoméx, magistrado Fernando Díaz así como de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que se pueda solucionar la falta de legalidad de las actuaciones de las dos juezas señaladas.
Dichas juezas son conocidas como “Las juezas Bandidas”, por su falta de providad y su cinismo al pretender perpetuarse en la impartición de justicia, sin contar con el respaldo moral para tal fin.
Alejadas de la moralidad, “Las Juezas Bandidas”, estarían beneficiando a Agustín Eduardo Bourillon Cánovas quien desde hace más de dos años dejo de ser albacea de la herencia que su hermana, sin que se omita decir que maltrataba a su anciano padre.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que Tras el deceso del octogenario, el hijo quien no tiene el más mínimo decoro, debe hacer convencido a las juezas bandidas para que toda la herencia fuera para el, pues la misma está estimada en más de 14 millones de pesos. Sin embargo, meses antes de su fallecimiento el señor Agustín sin que nadie lo supiera, puso en resguardo la parte que le tocaba de la herencia de su hija y la dejó a una casa hogar en Atizapán de Zaragoza, todo con tal de que su mal agradecido y malvado hijo no se quedara con un solo peso de él.
Se debe agregar que Agustín Eduardo Bourillon Cánovas al estar su padre hospitalizado, no acudió para hacerse cargo de el en estos momentos tan delicados, ya que la trabajadora Social de este hospital se comunicó con el para requerirle su presencia , mismo que solo acudió al momento de su muerte y de modo por demás extraño y sospechoso se apresuró a incinerar los restos de su padre. Acaso tenía algo que esconder?
Por otro lado, la litigante Alma Diaz Explicó también, que Alejandro Hernández Muñoz, quien funge como abogado de la Casa hogar heredera de Don Agustín Eduardo Bourillon y Heredia, extrañamente también es abogado del hijo de Don Agustín, lo cual implica que esta defendiendo intereses contrarios, situación que puede ser constitutiva de hechos delictuosos que ya está investigando la fiscalía del estado de México.
Al concluir, la licenciada Alma Cecilia Díaz Santana, sostuvo que es fundamental reflexionar el voto en la próxima elección de jueces y magistrados, destacando que “necesitamos elegir jueces y magistrados con vocación de servicio, integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad e independencia; cualidades que, al parecer, la jueza Indra Ivón Castillo Robledo no posee”
