Entre los detenidos se encuentra un exfuncionario del Gobierno de Michoacán, su esposa, sus dos hijos y un escolta; presuntamente utilizaban inteligencia artificial para imitar voces de actores políticos y económicos, solicitar dinero y gestionar contratos. Fueron vinculados a proceso el 6 de octubre y permanecerán en prisión preventiva justificada.
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Redacción
Metepec, Estado de México.— En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvo a cinco personas por su probable participación en el delito de extorsión y por su presunta relación con diversas investigaciones por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del Estado de México, entre otras instituciones.
Los detenidos son Luis “N”, quien fungió como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013; Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija, y Agustín Arturo “N”, quien se desempeñaba como escolta.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, el grupo presuntamente utilizaba la suplantación de identidad de funcionarios y personas con cargos de alto nivel para obtener beneficios económicos o laborales, mediante un esquema que incluía solicitudes de dinero, supuestas gestiones administrativas y ofrecimientos de contratos.
Exfuncionario habría encabezado las operaciones
Las indagatorias señalan que Luis “N” ocupó diversos cargos dentro de la administración pública en distintos órdenes de gobierno, experiencia que le habría permitido conocer las estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y el Gobierno federal.
Además, cuenta con antecedentes penales por peculado y fue inhabilitado en Michoacán. Según las autoridades, estas circunstancias no habrían impedido que presuntamente participara en un entramado de fraude y extorsión, en complicidad con integrantes de su familia y otras personas.
La investigación ubicó el presunto centro de operaciones del grupo en una residencia situada dentro del exclusivo fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec.
Contactaban a políticos, funcionarios y empresarios
Los actos de investigación permitieron identificar el modus operandi del grupo, basado en generar confianza y credibilidad ante sus posibles víctimas, entre ellas políticos, funcionarios públicos y empresarios.
Para establecer el primer contacto, presuntamente enviaban mensajes de texto o realizaban llamadas a números telefónicos personales que habían obtenido mediante una red de relaciones construida durante años, derivada de sus antecedentes en el servicio público.
Durante las conversaciones obtenían información sensible, como datos personales confidenciales, información de las dependencias a cargo de sus víctimas, datos de otros funcionarios y detalles relacionados con operaciones políticas o económicas. Posteriormente, esos datos eran utilizados para suplantar identidades y llevar a cabo las presuntas extorsiones.
Como parte del engaño, los integrantes del grupo se hacían pasar por secretarios particulares de funcionarios o actores políticos y económicos de alto nivel. Bajo ese supuesto, solicitaban actualizar agendas o gestionar comunicaciones con los presuntos titulares.
Uno de los mensajes que utilizaban, según las investigaciones, era: “Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”.
En una segunda etapa, las víctimas recibían una llamada del supuesto funcionario de alto nivel, quien les decía tener instrucciones superiores para solicitar su apoyo. Las peticiones podían consistir en entregar dinero en efectivo para la supuesta operación política o para agilizar pagos, incorporar a una persona a estructuras administrativas o recomendar la contratación de servicios con una persona física o moral.
Para reforzar la credibilidad, presuntamente empleaban expresiones y lenguaje previamente estudiados, además de números telefónicos que contaban con imágenes de perfil, íconos, registros de llamada, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas.
Habrían utilizado inteligencia artificial para imitar voces
De acuerdo con la Fiscalía, los investigados incluso recurrían a herramientas de inteligencia artificial (IA) para imitar las voces de los actores políticos o económicos a quienes presuntamente suplantaban.
También creaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto y notas de voz, las cuales posteriormente compartían con sus víctimas para dar mayor veracidad al engaño.
Como ejemplo de estas prácticas, las autoridades cuentan con una conversación del primer contacto de los investigados con representantes de una importante empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.
Presuntamente, el grupo intentó engañar a la compañía mediante el ofrecimiento de un contrato a cambio de una cantidad considerable de dinero.
En el diálogo documentado, uno de los presuntos involucrados se presentaba como asistente personal de un funcionario y solicitaba confirmar la identidad de los representantes de la empresa, verificar que fueran recomendados por otra persona y proporcionar números telefónicos de contacto, antes de anunciar que el supuesto funcionario se comunicaría desde su teléfono personal.
Presuntamente cobraban en efectivo y utilizaban una empresa
Las investigaciones establecieron que, debido a que Luis “N” se encontraba boletinado en el sistema bancario mexicano como consecuencia de su actividad delictiva previa, las exigencias económicas debían entregarse en efectivo.
Cuando necesitaba que los recursos fueran incorporados al sistema bancario, presuntamente recurría a una persona moral dedicada a la arquitectura y la construcción, propiedad de su hija Aimee “N”.
De acuerdo con las indagatorias, parte de los recursos presuntamente ilícitos habría sido utilizada para adquirir propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
Aseguran teléfonos, tarjetas SIM y vehículos
Las investigaciones permitieron delimitar la zona de operación del grupo a un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Providencia, donde, mediante una técnica de investigación de cateo, fueron localizados diversos equipos telefónicos que los detenidos presuntamente intentaron ocultar durante la diligencia.
En el lugar también se aseguraron múltiples tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas y vehículos de alta gama. Los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Las indagatorias establecieron que, para realizar llamadas y enviar mensajes, los investigados habrían utilizado al menos 19 dispositivos móviles de marcas como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, entre otras.
Los equipos presentan registros de uso con las tarjetas SIM aseguradas y correspondencia con números telefónicos reportados por algunas de las víctimas.
Los cinco fueron vinculados a proceso
La Fiscalía mexiquense informó que logró establecer, en grado de probabilidad, la presunta participación de Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N” en los actos de extorsión mediante suplantación de identidad.
Los cinco fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.
El pasado 6 de octubre, un juez los vinculó a proceso por el delito de extorsión e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
Las autoridades precisaron que las personas detenidas deben ser consideradas inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.
