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Luis Ayala Ramos
Oaxaca, Méx.- Organizaciones comunitarias y representantes de familias indígenas mixtecas denunciaron que el gobierno de Oaxaca ha mostrado incapacidad para construir una solución justa ante el conflicto agrario y social que viven 225 pobladores desplazados de la comunidad de Buenavista, municipio de Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, quienes fueron expulsados violentamente de su territorio desde el pasado 18 de agosto.
De acuerdo con los testimonios, ese día habitantes de Santa María Yolotepec irrumpieron armados en Buenavista, quemaron viviendas y realizaron disparos de armas de fuego, pese a que existe una sentencia federal que protege a dicha comunidad dentro del expediente 263/2016.
Los afectados señalaron que, durante dos meses y medio, las agresiones continuaron con la presunta complicidad del gobierno estatal, al permitir que las quemas de casas y los ataques con armas de uso exclusivo del Ejército se mantuvieran sin intervención decisiva.
El jueves 30 de octubre, nuevas incursiones de Santa María Yolotepec en Buenavista provocaron que habitantes de Santiago Yosondúa tocaran las campanas y decidieran movilizarse en defensa de las familias desplazadas, rebasando incluso a las autoridades municipales para expulsar a los agresores.
En la confrontación, se reportó la muerte de una persona de Santa María Yolotepec y otra de Santiago Yosondúa, hecho que elevó aún más la tensión en la zona.
Representantes comunitarios sostienen que la omisión y parcialidad del gobierno estatal no solo permitieron el avance de la violencia, sino que colocaron en un estado de indefensión a las familias indígenas que perdieron su patrimonio y continúan desplazadas.
Además, denunciaron que los días 31 de octubre y 1 de noviembre autoridades estatales filtraron notas de prensa para amagar con detener al abogado de las víctimas, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien es también sobreviviente de la guerra sucia de los años 70 en México y actualmente funge como asesor jurídico de Santiago Yosondúa.
Las comunidades exigieron respeto a las resoluciones judiciales, la seguridad para el retorno de los desplazados y el cese al hostigamiento contra defensores de derechos humanos, al asegurar que el litigio territorial no debe resolverse con violencia ni con persecución política.
Los afectados reiteraron su llamado al gobierno federal para intervenir en la atención del conflicto y garantizar que los pueblos indígenas involucrados reciban una mediación imparcial y soluciones duraderas.
