Por: Redacción.
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Valle de México.- Frente a la Secretaria de Gobernación, integrantes de la Central Campesina Cardenista (CCC) iniciaron este viernes la Jornada de Lucha Agraria para exigir al Gobierno Federal establecer una nueva política de Bienestar en el Campo, que resuelva los conflictos sociales-agrarios, y que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, destine recursos para el mismo propósito.
Tras señalar que a diferencia de otros sexenios hoy no fueron recibidos por granaderos, sino por funcionarios de alto nivel, Max Correa Hernández, líder nacional de la CCC, informó que su pliego petitorio contiene la modificación de los lineamientos del programa COSOMER, para permitir la solución de conflictos sociales agrarios en propiedad privada, y respetando los dictámenes positivos que ya cuentan los expedientes, siempre considerando la realidad de los grupos campesinos en conflicto.
También plantean que la administración federal tome una decisión política de alto nivel, para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público asigne presupuesto para la solución de los conflictos agrarios, y que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, destine recursos para el mismo propósito.
Para resolver la problemática de los grupos campesinos, piden instalar una mesa de trabajo con los titulares de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Procuraduría Agraria; Registro Agrario Nacional; Comisión Nacional del Agua; Secretaria de Infraestructura, y Comunicaciones y Transportes.
Asimismo, programar reuniones con la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría del Medio Ambiente.
En ese sentido, el diputado de Morena dijo que las reformas constitucionales de carácter neoliberal que se realizaron al artículo 27 de la constitución en 1992, cancelaron el derecho humano de millones de mexicanos para acceder a la tierra y consecuentemente al trabajo y al desarrollo.
“Concluyeron el reparto agrario, cancelaron acceso al crédito productivo, abrieron las fronteras a las importaciones, quebraron a ejidatarios y comuneros y abrieron el mercado de tierras ejidales y comunales al capital privado, y crearon una nueva institucionalidad agraria para procurar e impartir ‘justicia agraria’, que hoy están muy distantes y alejadas de los sujetos de derecho.
“Somos campesinos e indígenas, ejidatarios y comuneros que fuimos expropiados para la construcción de presas, carreteras, autopistas y para otras obras de carácter público que no hemos recibido nuestra indemnización ni se nos ha dado un trato apegado a estricto derecho, somos hombres y mujeres excluidos de la atención de nuestra problemática por los gobiernos neoliberales, y sin solución de nuestra problemática por las autoridades actuales”.
Frente a las instalaciones de Gobernación, Max Correa recordó que el Presidente les ha dicho en distintos momentos en que le han abordado en sus giras, “hablen con Roman Meyer. Sean tercos.
“Por eso pensamos que en esta segunda etapa de su gobierno, después del 10 de abril del 2022, será necesario y oportuno atender la problemática social agraria, funcionando la operación del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria en una Subsecretaria para que la Cuarta Transformación sea tangible y mas justa en el campo mexicano ante el divorcio que hoy existe en la aplicación de la ley y la justicia en el campo.
Finalmente, convocaron a todos los campesionos, ejidos y comunidades “a sumarse a esta causa justa”.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto Lopez Hernández instruyó a su jefe de oficina, José Antonio de la Vega, así como a la dirección de Atención a Organizacions Sociales, atender una comisión de campesinos de varios estados.
Durante la reunión se comprometieron informar la próxima semana sobre una reunión de alto nivel para definir criterios de solución a los conflictos agrarios en el medio rural.
