* * Diputadas, diputade y diputados locales avalaron reformas al Código Electoral estatal, en sintonía con la reforma judicial en la entidad.
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Redacción
Toluca, Méx.- Como parte de las adecuaciones que conlleva la reforma judicial estatal, la LXII Legislatura mexiquense adecuó el Código Electoral del Estado de México, para el desarrollo de la elección extraordinaria de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de la mitad de las magistraturas y de las vacancias de personas juzgadoras, la cual se celebrará el próximo 1 de junio, mientras que la renovación de la totalidad de los cargos concluirá en los comicios ordinarios de 2027.
Mientras que para tales efectos, se reformaron 34 artículos de este ordenamiento y se introdujo un Libro Décimo denominado “De la Elección de Personas Juzgadoras” con 58 artículos nuevos, donde se precisan las etapas del proceso electoral, cuya preparación inicia con la primera sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para posteriormente realizar la convocatoria general dirigida a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo (al que también le corresponde la emisión de la convocatoria general).
De acuerdo con la iniciativa, presentada en el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones por las bancadas de morena, PT y del PVEM, dentro de los 15 días posteriores a la publicación de la convocatoria, cada poder conformará un comité de evaluación y emitirá convocatorias específicas al proceso de evaluación y selección, cuyos resultados serán la base de los listados de cada uno, los cuales serán depurados mediante insaculación pública, considerando en todo momento la paridad de género.
Cabe indicar que el documento, expuesto por el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (morena) y avalado por mayoría (con el voto en contra de las bancadas del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD), puntualiza que la Legislatura integrará los listados y expedientes finales para remitirlos a más tardar el 12 de febrero al IEEM, que será encargado de preparar, organizar, desarrollar, supervisar y vigilar el proceso.
Este instituto publicará la lista de candidaturas en la Gaceta del Gobierno, emitirá las reglas generales, aprobará el diseño de boletas y materiales electorales, calculará los topes de gastos de campaña, garantizará el acceso equitativo a radio y televisión; además, supervisará que no haya actos de proselitismo indebido por partidos políticos o personas servidoras, aunado a que podrá ajustar las jurisdicciones judiciales para facilitar el ejercicio del voto y organizará debates.
Esta campaña iniciará en los 38 días anteriores a la jornada electoral que corresponda y concluirán tres días antes del día de la elección. Para fomentar una participación ciudadana informada, el IEEM dispondrá de un micrositio en el que se difundirá información detallada sobre las candidaturas.
Realizará el Consejo General del IEEM los cómputos de votos y emitirá las constancias de mayoría para las candidaturas ganadoras, respetando la paridad de género. Los resultados se remitirán al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) para resolver eventuales impugnaciones, con fecha límite del 28 de agosto de 2025, pues las personas electas tomarán protesta el 5 de septiembre.
En materia de propaganda, se prohíbe el uso de recursos públicos y cualquier tipo de promoción que implique beneficios directos o indirectos al electorado. Las personas servidoras públicas en funciones que aspiren a un cargo deberán actuar con estricta imparcialidad y profesionalismo, evitando cualquier uso indebido de recursos.
Mientras que la sustitución de candidaturas estará regulada y solo será posible antes de la impresión de boletas, además de que deberá realizarse a través de una insaculación pública entre las personas mejor evaluadas por los comités de evaluación.
Cabe indicar que el proceso de elección de personas juzgadoras y magistradas se distinguirá por la exclusión de los partidos políticos, quienes no pueden intervenir en las comisiones, acciones, actividades y sesiones que se encuentren relacionadas con estos comicios.
En la discusión, en lo particular, la diputada Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano) reservó el artículo 234 para garantizar acciones afirmativas para grupos históricamente discriminados; sin embargo, la propuesta fue desechada.
