** El mecanismo permitirá a la población dialogar y debatir con sus representantes populares para mejorar la toma de decisiones.
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Redacción
Toluca, Méx. – Teniendo como finalidad facilitar a la ciudadanía el dialogar y debatir con las personas funcionarias públicas solicitarles información, proponer acciones, cuestionar decisiones y evaluar el desempeño de la administración pública, la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) propuso expedir la Ley de Comparecencia Pública estatal, que reconoce el derecho humano a participar directamente en las decisiones públicas, a través de la comparecencia pública.
Conforme a la iniciativa, esta figura es el mecanismo de participación ciudadana y democracia deliberativa, que permite a las y los habitantes del estado o un municipio dialogar y debatir con sus representantes populares.
Destaca que este espacio es fundamental para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y sus representantes, así como para mejorar la calidad de las decisiones públicas.
Este planteamiento, que también modificaría a la Constitución local, estipula que es prerrogativa de la ciudadanía solicitar, en términos y con requisitos que señale la ley propuesta, la realización de las comparecencias.
La parlamentaria Maricela Beltrán detalló que la ley establece un amplio catálogo de personas servidoras públicas que pueden ser citados a comparecencias públicas, incluyendo a titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a representantes de organismos autónomos y municipios. Precisa que, con al menos el 0.1 por ciento de la población de la entidad o una demarcación, se pueden solicitar.
Esta petición se presentará ante el Comité de Participación Ciudadana estatal o los comités de Participación Ciudadana municipales, la cual será verificada por el Instituto Electoral del Estado de México, y se publicará en la plataforma digital para la difusión, seguimiento y vinculación de las comparecencias públicas.
La ley incorpora el procedimiento para la organización y realización de la comparecencia pública, desde la solicitud de los mecanismos e insumos necesarios, hasta la elaboración del formato para su realización; y establece la obligación de las y los servidores públicos de acudir a ella y las consecuencias de su inasistencia injustificada.
Mientras que en el caso que la o el funcionario de nivel estatal o municipal no justifique su inasistencia ni envíe a una persona representante plenamente capacitada, será sancionado por desacato, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
La comparecencia será pública y presencial, con la participación de las personas funcionarias, las y los solicitantes, la ciudadanía interesada, representantes del Consejo de Participación Ciudadana que corresponda y un notario público.
También establece, la obligación de elaborar una minuta que contenga los puntos tratados, los acuerdos tomados, las dependencias responsables del seguimiento y las y los servidores públicos encargados de la ejecución de las acciones. La minuta se publicará en la plataforma digital, garantizando el seguimiento y la rendición de cuentas sobre los compromisos adquiridos.
