**Un Juez Federal ordenó al Gobierno de México la suspensión definitiva del llamado “Decretazo”, emitido en noviembre del año pasado, para el efecto de que no se consideren de “seguridad nacional” las obras y proyectos estratégicos ya que límita el acceso a la información.
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Por: Redacción.
Ciudad de México.- Esta semana, el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C. (CNLE) una suspensión definitiva en contra del “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a no reservar información, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional; así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, conocido popularmente como el Decretazo.
En virtud de la cual prohíbe que éste sea utilizado como pretexto para considerar de “interés público y de seguridad nacional” información que sea solicitada a través de las plataformas de transparencia.
Juez ordena al @GobiernoMX la suspensión definitiva del llamado “Decretazo”, prohibiendo que sea utilizado como pretexto para considerar como información reservada la que se solicite a través de las plataformas de transparencia. Aquí nuestro #Comunicado👇 pic.twitter.com/7jsP92XGEg
— Consejo Nacional de Litigio Estratégico (@Consejo_Litigio) February 25, 2022
Esta orden judicial complementa la resolución de diciembre pasado emitida en el mismo sentido en favor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) pero ahora a raíz de un juicio de amparo promovido desde la trinchera ciudadana.
Además, el Juez de Distrito consideró que esté Consejo se encuentra legitimado para
emprender acciones de litigio estratégico en favor del Estado de Derecho, lo cual resulta valioso para la misión de esta organización de la sociedad civil: “De lo expuesto, se desprende que el acuerdo reclamado sí tiene una trascendencia en el objetivo de la asociación civil, dado que al considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal, se traduce en una limitación en el acceso a la información vinculada con esas obras y proyectos.”
El CNLE señaló su intención de continuar litigando este asunto hasta sus últimas consecuencias en búsqueda de una sentencia definitiva de amparo que genere un precedente judicial en contra de este tipo de prácticas autoritarias que lesionan nuestro Estado de Derecho.
