Editorial
Sin duda, la importancia de la reforma judicial tiene que ver con dos asuntos indispensables para el país, una saber que la oposición por fin encontró una via para consolidar una opción para la ciudadanía y la actuación como un verdadero frente de oposición.
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Después de superar su aprobación en la cámara de diputados el proyecto de ley fue turnado al Senado, donde Morena y sus aliados ocuparán 83 escaños, a solo tres de obtener la mayoría calificada, pero hace unos días los legisladores José Sabino Herrera, de Tabasco, y Araceli Saucedo, de Michoacán, se sumaron a Morena dejando a un escaño de la mayoría calificada para aprobar la reforma
Por lo que si los senadores del PRI, PAN, y Movimiento Ciudadano se mantienen en contra con 43 votos podrian la reforma judicial que está generando estragos en materia económica e incluso se torna colo un punto de conflicto para el TMEC con EUA y Canadá principales socios comerciales del país.
El coordinador de los senadores del PRI Alejandro Moreno Cárdenas dio a conocer que desde hace unas horas la oposición está sufriendo un embate insospechado por parte del gobierno, con la supuesta oferta de sumas de millones de pesos, así como la amenaza con el uso faccioso de la fiscalías para que uno de los senadores se ausente de la votación o que pudiera renunciar al tricolor y sumarse a Morena.
Por su parte los senadores de MC se manifestaron en contra de la reforma y señalaron que no cederán. De igual manera, Acción Nacional presentaron cartas de su compromiso con la votación en contra de la reforma judicial.
Lo que si es hecho es que estamos en un punto importante para que la oposición pueda recuperar la confianza de la ciudadanía y poder de convocatoria, además es la oportunidad para que la ciudadanía pueda transitar a un modelo donde dos bloques comiencen la discusión de los temas importantes con la salvaguarda de la mayoría calificada.
La reforma judicial, enviada desde palacio nacional contempla la renovación de todos los jueces, magistrados, por voto popular, esta iniciativa fue presentada por el presidente López Obrador en febrero de
2024, y hasta la fecha ha sido aprobada en lo general y en lo particular la mañana de este miércoles por Morena y sus aliados del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley contempla, la reducción de la Suprema Corte, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Los diputados han enviado la minuta al Senado de la República, donde aguarda su discusión.
El punto más polémico del proyecto de ley radica en la elección popular de más de 1600 cargos en el poder judicial, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto de reforma también pretende reducir a nueve los ministros que integran la Suprema Corte, hoy compuesta por 11 integrantes. La presidencia, afirma el documento, será renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura. Además, los ministros electos permanecerán en su cargo 8, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor.
Los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente.
En lo que respecta a los jueces y magistrados, la reforma plantea un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva.
Los requisitos para aspirar a los cargos en el poder judicial incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas, que respalden su idoneidad para el cargo.
