* Comisiones legislativas iniciaron el análisis de las iniciativas del PRI, de MC y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia de pueblos indígenas.
Síguenos en nuestras redes sociales como Péndulo Online
Redacción
Toluca, Méx. – Durante reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura mexiquense, las iniciativas de las bancadas del PRI y de MC, así como de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para armonizar la legislación local con la carta magna en materia de reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas fueron respaldadas por diputados y diputadas de morena, PRI y MC, así como por representantes del gobierno estatal, al considerar que se trata de un acto de justicia para este sector poblacional.
Cabe indicar que las propuestas para reformar la Constitución local buscan cumplir con lo mandatado por la reforma federal, que entró en vigor el 1 de octubre de 2024, la cual reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, garantizando sus derechos y participación en la vida política y social, abonando a su desarrollo integral.
Sobre esto el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) aseguró que se trata de una transformación estructural que coloca en el centro de la vida pública el reconocimiento pleno de sus derechos, con voz, autonomía y dignidad.
Frente, a representantes del gobierno estatal, el legislador apuntó que las propuestas reconocen a estos sectores como sujetos colectivos de derechos y evitan verlos como objetos de política asistencial.
Mientras que como proponente, la parlamentaria Leticia Mejía García (PRI) afirmó que la reforma representa un esfuerzo por el reconocimiento y protección de los derechos de estos sectores, y destacó que es una oportunidad de hacerles justicia.
Asimismo, resaltó que la armonización deberá sustentar el desarrollo de programas y acciones para atender las necesidades en materia de salud, infraestructura y desarrollo económico, así como en garantizar participación e inclusión con voz y voto efectivo en las decisiones que afectan a 500 mil personas indígenas y a 100 mil personas de otros pueblos originarios de la entidad.
Después de compartir su iniciativa, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) subrayó que en el Estado de México aún prevalecen condiciones de marginación, discriminación y desigualdad económica, que limitan el acceso a oportunidades equitativas; por ello, indicó, los tres proyectos buscan cambiar esta situación.
De igual manera destacó la importancia de difundir las propuestas con los pueblos originarios, pues se plantea una nueva relación entre los pueblos indígenas, sociedad y Estado, privilegiando el pluralismo jurídico para reconocer el derecho de las comunidades y grupos de asociarse libremente en una población mayoritariamente indígena, así como que sus derechos estén por encima de cualquier derecho individual o comercial de personas jurídicas o colectivas.
Las parlamentarias Nelly Brigida Rivera Sánchez y Jennifer Nathalie González López concordaron en que las propuestas llevarán justicia a estos grupos históricamente vulnerados, y ayudarán a mejorar su calidad de vida, respetando sus usos y costumbres.
Durante sus participaciones, Manuel Quiñones Flores, encargado de despacho del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; Mario Enrique Rosales Caballero y Erick Segundo Mañón Arredondo, subdirector de Normatividad y coordinador jurídico de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, de la Secretaría de Bienestar; y Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial ‘Gaceta de Gobierno’, señalaron que las iniciativas ayudarán a garantizar los derechos de estos sectores y permitirán desarrollar soluciones a sus necesidades.
En la reunión se acordó elaborar un comparativo de las propuestas; analizarlo con funcionarios estatales y representantes de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial para enriquecer las iniciativas, y perfilar la elaboración de la consulta a los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, para dar sustento jurídico a la armonización.
