Para Donde Oscila el Péndulo
Tras darse a conocer la versión del padre de la joven Dashia Rocío “N”, La secretaría de las Mujeres emitió un comunicado institucional donde señala los argumentos para sustentar su intervención como parte de la defensa de las mujeres, la pregunta obligada es si su titular Citlali Hernández Mora actúa a título personal en sus declaraciones a medios de comunicación al vulnerar el debido proceso y con ello opta por desdibujar su propia versión mediante este comunicado o la intención es acatar la responsabilidad de su cargo a partir de la otra parte de la historia.
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El gesto institucional, es sin duda un reflejo de las reacciones al caso y por otro lado manifiesta su preocupación ante la posibilidad de cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en los primeros días de 2026.
Nota informativa sobre el caso Dashia y las declaraciones de su padre: https://t.co/i0QvPgKdl2
— Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) December 31, 2025
En el comunicado la secretaría de las mujeres, señala que hace una revisión jurídica de cada caso, para saber cómo acompañar cada uno de ellos. Sin embargo; también refiere que algunas veces es suficiente la orientación jurídica y otras, “se amerita un diálogo respetuoso con los tribunales y fiscalía locales”, para dar una opinión con perspectiva de género sobre el caso, o advertir posibles irregularidades en el proceso, pero omite que señalar sin pruebas y exhimir de responsabilidad sin el criterio de los juzgadores va más allá de una opinión o constituye la criminalización sin sustento?, he ahí el dilema.
En la misiva publicada en el sitio oficial de la Secretaría de las Mujeres y compartido por Citlali Hernández se da cuenta lo que es evidente y público, que la misma no es una instancia judicial, no emite sanciones, ni es un espacio para iniciar una denuncia y/o desahogar pruebas.
Además, reitera que las mujeres que solicitan acompañamiento cuentan con el respaldo institucional, opinión jurídica y pone a su disposición sus facultades para mantener un diálogo permanente con otras autoridades, también -debería de agregar- que en este caso en particular su titular ha actuado, sin preservar el debido proceso ya que más allá de sus atribuciones legales opina y advierte posibles irregularidades ante tribunales, fiscalías y medios cuando no existe una causa penal judicializada.
Ello no solo desborda las atribuciones institucionales de la secretaría, sino que vulnera principios constitucionales básicos, entre ellos la presunción de inocencia, la neutralidad y objetividad institucional, así como la seguridad jurídica de las partes.
Por otro lado el comunicado señala que al revisar la carpeta de investigación del caso de la joven Dashia Rocío “N” refiere que denunció a su padre por presuntas agresiones sexuales, pero habrá que señalar que son dos litigios diferentes uno es la detención de la fiscalía por extorsión presuntamente por ser parte de una célula del CJNG y otra -que no aclara- fue que el 19 de diciembre justamente cuando estaba detenida por extorsión, es cuando inicia una carpeta contra su padre biológico, justamente cuando se da la intervención de la titular de la secretaría.
Tampoco aclara que sí existe una denuncia de hechos en contra de la jóven interpuesta por el papá de la jóven Ramsés Rodríguez, por el mismo delito de extorsión fechada el 8 de septiembre, sin que encuentre el acompañamiento institucional para su judicializacion.
Además, la propia secretaría apuntó que la detención se dió sin pruebas y ni un debido proceso, con prisión preventiva como medida cautelar, detectando – señala la secretaría – diversas irregularidades y una falta de elementos probatorios contundentes, pero no señala que es la propia fiscalía la que aportó las pruebas para vincularla a proceso, es decir Dashia “N”, no obtuvo su libertad por qué un juez determinó la fabricación de un delito por parte de la FGJEM, sino salió en libertad por un criterio del juez, pero el proceso continúa con ella en libertad.
Sería conveniente que si tiene conocimiento la secretaría de que los actos de extorsión no ocurrieron, si conoce la declaración del comerciante de la colonia San Rafael en Tlalnepantla quien la denunció a ella y dos personas más, como lo acredita la información oficial de la fiscalía, o si tiene datos adicionales sobre el señalamiento los haga saber pues es un hecho que la cruzada contra la extorsión en el Estado de México es una estrategia que se impulsa como una respuesta a la ciudadanía.
Por lo que además, debería de aclarar cuáles son estas irregularidades, y si en todo caso conoce algo más que la fiscalía general de justicia del Estado de México (FGJEM), desconozca darlo a conocer porque de lo contrario se estará ocultando información en este caso y pondría incluso en riesgo la libertad de Dashia, de no hacerlo se sigue manteniendo la versión de que se actúa bajo consigna desconociendo la realidad.
En otro de los párrafos del posicionamiento la propia secretaría asume su papel institucional:
Sobre la acusación de abuso sexual hacia el padre, con mucha claridad lo decimos: no es en los medios de comunicación o plataformas digitales donde se litiga una supuesta defensa o acusación, es con un debido proceso, y serán las autoridades correspondientes quienes revisaran los expedientes y emitan un juicio.
Lo que es correcto -sin duda- en concordancia con este párrafo es que sean las autoridades judiciales quienes realicen las investigaciones pertinentes en ambos casos, y deja claro que la secretaría de las mujeres y su titular sacan las manos de las investigaciones, con la independencia que debe tener la fiscalía mexiquense y el Poder judicial del Estado de México ante cualquier posibilidad de intervención, línea y opinión.
#AProceso
Una mujer identificada como Dashia Rocío “N” fue vinculada a proceso luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditara su posible participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante del municipio de #Tlalnepantla.https://t.co/p6rIyKgAKa pic.twitter.com/oq3hWmSBM9— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 4, 2025
Cabe destacar, que por su parte y contrariando el comunicado institucional, el twittero Ignacio Gómez Villaseñor continúa generando especulación sobre la veracidad de los hechos, señalando incluso a la propia fiscalía de justicia y a la ampevis de actuar bajo consigna de actores políticos externos, citando una vez más con imprecisiones a personas que no ocupan lo cargos públicos que -asegura-, hacen una suerte de mafia institucional, tal es el caso del que el señala como secretario del ayuntamiento del gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza, y quien mentirosamente afirma que es Sergio Hernández Olvera en un vídeo en X.
Habrá que decirle al reportero que el oficio radica en confirmar los datos públicos, no solo con la corazonada, por lo que para su información desde el primero de enero de 2025 el secretario del ayuntamiento del gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza 2025-2027 es el Lic. Edmundo Ranero Barrera, un servidor público de amplia experiencia y de sobrada solvencia moral, que podría verse perjudicado por sus dichos sin sustento.
Además de que en sus intervenciones en la red, actúa sosteniendo hipótesis sin acreditar datos fidedignos, señalando que a un supuesto apoderado legal de una empresa como el responsable del tráfico de influencias para levantar denuncias ante instancias estatales, ojalá y el público observe que la credibilidad radica en ofrecer la verdad de los hechos y no sólo teorías parciales que perjudican a personas en su vida privada.
Así mismo, especula con la cuenta de banco azteca donde la fiscalía señala fueron depositados los recursos económicos a Dashia producto de la extorsión, pero él mismo podría vulnerar el debido proceso al afirmar que es la misma cuenta bancaria o tal vez el mismo conoce los manejos bancarios de la joven y valdría la pena que los hiciera públicos o exhibirlos ante el ministerio público ya que el que acusa tiene la obligación de probar según la máxima del derecho.
Es tal su irresponsable necesidad de desinformar que se sorprende de que los hechos se hayan denunciado en Atizapán de Zaragoza, ojalá y alguien le explique que la denuncia se debe de hacer en la agencia del ministerio público, dónde se dieron los hechos no al albitrio de la imaginación, tal vez estaría conforme si se hubieran iniciado en Toluca, o en otro estado de la república y si fuera así ahí también estaría especulando.
En fin sin duda el caso es una descripción inequívoca de que la justicia en éste país debe de estar fuera de la discusión pública y de las recomendaciones políticas.
