**El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para que las instituciones educativas apliquen protocolos, específicos y obligatorios, para la prevención, detección, atención y seguimiento del acoso escolar en México.
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Por: Redacción.
CDMX.- Para avanzar en el diseño de estrategias y programas que prevengan el acoso escolar o bullying en México, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley con el propósito de reformar y adicionar diversas disposiciones a las leyes generales de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que los centros educativos, públicos y privados, establezcan y, en su caso, apliquen protocolos, específicos y obligatorios, para la prevención, detección, atención y seguimiento de casos de este tipo y evitar que estos escalen en otro tipo de violencia.
El senador por el Estado de México explicó que se estima que 28 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica, han sido víctimas de acoso escolar, aunque esta cifra podría alcanzar los 28 millones de menores de edad en situación de riesgo en el sistema educativo mexicano, con una tendencia de crecimiento de hasta 205 por ciento en los últimos cinco años, lo que hace urgente implementar políticas públicas urgentes para combatir este fenómeno en las escuelas.
“Diversos diagnósticos internacionales han colocado a México entre los países que registran mayores niveles de acoso escolar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); pues se estima que 2.5 de cada 10 estudiantes son víctimas de bullying, por lo que es necesario garantizar el derecho de toda niña, niño y adolescente a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de violencia y discriminación”, afirmó.
El senador panista explicó que la presente iniciativa pretende erradicar la ausencia de mecanismos de prevención, así como de protocolos de atención, denuncia y sanción del acoso escolar para evitar que estas prácticas persistan en los entornos escolares, lo que afecta el rendimiento académico de los menores y su bienestar integral.
Por ello, aseguró que esta iniciativa busca garantizar entornos escolares seguros, mediante la institucionalización de estrategias de prevención y atención; homologar protocolos claros de actuación para todo el país, con criterios técnicos y un enfoque de derechos humanos; promover la participación activa de las familias, personal docente y la población estudiantil en la prevención del acoso; atención integral a las víctimas y agresores, considerando apoyo psicológico y acompañamiento profesional, así como establecer plataformas digitales accesibles para la atención del bullying.
“Esta iniciativa representa una respuesta integral basada en evidencia y en el respeto irrestricto a los derechos humanos, para enfrentar de manera eficaz y permanente el acoso escolar en México. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sostiene que solo con una educación libre de violencia, respetuosa y protectora, podremos garantizar el desarrollo pleno de nuestras niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.
La propuesta contempla reformar el Artículo 30 de la Ley General de Educación, a efecto de que las escuelas cuenten con protocolos específicos contra el bullying, además de establecer canales de comunicación efectivos entre autoridades educativas, padres y alumnos, plataformas digitales para la atención de estas conductas, campañas permanentes de sensibilización, talleres de habilidades socioemocionales, así como la implementación de oficinas de atención psicológica con profesionales capacitados en la materia para víctimas y agresores.
Asimismo, se contemplan reformas al Artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que este sector tenga derecho a una educación de calidad, libre de acoso escolar, al tiempo en que se establece que las autoridades educativas federales, de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, en coordinación con organismos públicos en materia de derechos humanos, garanticen la implementación de protocolos claros y homogéneos de actuación ante el acoso escolar, campañas y talleres, permanentes y obligatorios, para estudiantes, docentes y familias en esta materia; así como sistemas precisos de monitoreo, registro y evaluación de casos, entre otros.
