** Los legisladores Octavio Martínez y Vladimir Hernández, ambos de morena, afirmaron que permite darle continuidad a la elección y transformación del Poder Judicial. La congresista Ruth Salinas (MC) lamentó que se esté analizando “la corrección de la corrección” y señaló que será difícil recobrar la confianza en el Poder Judicial.
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Por: Alejandro Carrillo.
Toluca, EdoMéx. – En comisiones unidas del Congreso del Estado de México se aprobó la iniciativa del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, para ajustar la Constitución estatal a la reforma judicial federal y completar la renovación del Poder Judicial de la entidad con una elección que tendrá lugar el primer domingo de junio de 2028, en vez de 2027 como se había planeado inicialmente.
En reunión de comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con la de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), se aprobó el dictamen que propone la creación de una comisión coordinadora conformada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Cabe destacar que el proyecto legislativo, previsto para discutirse en el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones el 13 de julio, establece que esta comisión se encargará de verificar que las personas participantes cumplan con los requisitos, criterios y metodologías unificadas para la evaluación, selección y exámenes de conocimientos, así como emitir acuerdos que regulen las labores de los comités.
Sin duda, la reforma propone habilitar un esquema de organización territorial de los comicios mediante regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales, redefinir los procedimientos para la sustitución de vacantes y una nueva integración de las boletas electorales judiciales.
Cabe indicar que el documento, leído por el congresista Vladimir Hernández Villegas (morena), explica que las boletas contarían con elementos que permitan identificar con claridad la especialidad jurisdiccional, el poder postulante (Legislativo, Ejecutivo o Judicial) y la condición de persona juzgadora en funciones. Las candidaturas se ubicarían en recuadros para que la ciudadanía señale su preferencia, debiendo elegir una sola candidatura por especialidad.
Y es que las reformas planteadas fortalecen las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial para aplicar programas de capacitación y actualización permanente, para lo cual podría coordinarse con las instituciones de formación judicial.
Al respecto el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) indicó que el Congreso mexiquense está sentando las bases constitucionales para continuar con la elección de personas juzgadoras y para que la jornada sea amigable, con certeza jurídica, claridad y para que la ciudadanía tenga la seguridad de que están capacitadas y preparadas quienes resulten electas.
Después de indicar que (de aprobarse y una vez que entre en vigor) se tendrá un periodo de 30 días para armonizar la legislación secundaria en temas puntuales como los tiempos para hacer campaña, resaltó aspectos del dictamen como la ampliación del tiempo para una mejor planeación y organización del proceso electoral, la evaluación de aspirantes y mejor coordinación entre los comités.
Mientras que, el congresista Vladimir Hernández señaló que el objetivo de la propuesta es transformar al Poder Judicial y destacó que busca sentar las bases para contar con personas juzgadoras con un perfil democrático, comprometidas con la impartición de una justicia pronta, expedita y clara.
El legislador se pronunció por transmitir ese mensaje a la población en reuniones vecinales con amas de casa, personas tenderas, comerciantes y población en general, porque debe salir de los muros del Congreso mexiquense y permearse en voz, pero también en acciones concretas.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC), quien presentó una reserva sobre las competencias y atribuciones de la Sala de Asuntos Indígenas —cuya admisión a discusión fue rechazada—, lamentó que el Congreso esté analizando “la corrección de la corrección” y sostuvo que, aun con estas modificaciones, será difícil que la ciudadanía recupere la confianza en el Poder Judicial.
Aseveró que siguen sin ser atendidos temas como la inequidad en la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y la falta de precisión sobre vacancias. Además, expresó que le llama la atención que el dictamen proponga darle al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la facultad de dividir el territorio en regiones y distritos judiciales y poder rehacer esa geografía en cada elección, avisándole al Instituto Nacional Electoral (INE), porque se trata, precisó, de una atribución exclusiva del órgano federal, de acuerdo con la Constitución nacional.
En estos mismos términos mencionó el planteamiento de que, una vez que la legislatura instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda y las personas aspirantes electas tomen protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo, las autoridades electorales no podrían modificar los resultados de la elección ni la asignación de cargos.
Sobre la reserva, el diputado Carlos Zurita explicó que ya se contempla en la legislación, mientras que el legislador Octavio Martínez afirmó que la Sala de Asuntos Indígenas está considerada en el dictamen; sin embargo, la parlamentaria Ruth Salinas reiteró que es necesario que en la Constitución se describan sus atribuciones.
Octavio Martínez añadió que el nuevo Poder Judicial de la entidad ha acreditado cercanía con la ciudadanía, lo cual, afirmó, dista de administraciones pasadas.
El dictamen también actualiza los plazos para emitir las convocatorias de los procesos de elección judicial (presidencia, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y juezas y jueces del Poder Judicial), las cuales deberán publicarse a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección.
Sobre los comités de evaluación —uno por cada poder del Estado e integrados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica—, el documento establece que seleccionarán, conforme a los criterios de la comisión coordinadora y al principio de paridad de género, a las personas mejor evaluadas, con los conocimientos técnicos necesarios y una trayectoria de honestidad, buena fama, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio del derecho.
Mientras que, de aprobarse por el Pleno legislativo, los comités integrarán una lista con las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo y, mediante insaculación pública, la reducirán a dos candidaturas por puesto.
Los mismos deberán garantizar la paridad de género en las listas por especialidad y distrito judicial, tanto antes como después de la insaculación. Una vez ajustadas, las remitirán a la autoridad correspondiente de cada poder para su aprobación y envío a la Legislatura.
Entonces cada poder postulará dos personas por cargo: el Ejecutivo, por conducto de la gubernatura; la Legislatura, mediante el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes; y el Poder Judicial, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con la misma mayoría.
La Legislatura enviará las postulaciones al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que organizará la elección por regiones o distritos judiciales. Para ello, dividirá el territorio estatal en regiones y distritos electorales judiciales, de modo que la ciudadanía elija una candidatura por cada especialidad jurisdiccional entre las postuladas por cada poder y, en su caso, por las personas juzgadoras en funciones.
Por su parte el IEEM elaborará las listas de candidaturas por especialidad, identificando el poder postulante y el género.
Posteriormente, asignará de manera aleatoria las candidaturas a cada región o distrito, garantizando que cada poder postule dos personas del mismo género por especialidad.
Cuando el número de cargos sea menor al de regiones o distritos judiciales, el IEEM distribuirá aleatoriamente las candidaturas restantes para garantizar que el electorado vote por todas las especialidades correspondientes. Además, realizará las adecuaciones necesarias a la geografía electoral y las notificará al INE.
La elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se realizará a nivel estatal.
El dictamen también precisa que el Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno, Sala Constitucional, Sala de Asuntos Indígenas, Salas Colegiadas, Salas Unitarias y Tribunales de Alzada. Asimismo, el Poder Judicial contará con juezas y jueces de control, tribunales de enjuiciamiento y personas juzgadoras de ejecución, con las atribuciones previstas en las constituciones federal y estatal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables.
La elección de personas servidoras públicas del Poder Judicial
El Órgano de Administración Judicial informará a la Legislatura sobre los cargos sujetos a elección, especialidades, jurisdicciones, vacantes, retiros programados y demás datos necesarios para el proceso.
En caso de fallecimiento, renuncia, destitución o ausencia definitiva de una jueza o juez, el Órgano de Administración Judicial declarará la vacante para que sea cubierta en la siguiente elección judicial.
Licencias de las magistraturas
Sobre esto las que excedan de 15 días podrán ser autorizadas sin goce de sueldo por la Legislatura o, en receso, por la Diputación Permanente; las de juezas y jueces corresponderán al Órgano de Administración Judicial. En ningún caso podrán exceder un año.
Las personas juzgadoras que aspiren a un cargo distinto
Estas deberán renunciar de forma expresa e irrevocable antes de registrarse como candidatas e informar de ello al Órgano de Administración Judicial, que notificará la vacante a la autoridad competente.
Artículos transitorios
Estos establecen que las personas juzgadoras cuyo encargo concluía en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, cuando rindan protesta quienes resulten electos, disposición que no aplicará a las presidencias del Tribunal Superior de Justicia ni del Tribunal de Disciplina Judicial.
Las personas electas rendirán protesta ante la Legislatura el 5 de septiembre de 2028 y serán adscritas a sus órganos jurisdiccionales a más tardar el 15 de septiembre.
Mientras se armoniza el marco jurídico, se aplicarán de manera directa las disposiciones constitucionales y, de forma supletoria, la legislación electoral.
El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial
Este deberá expedir su reglamento interior dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Los acuerdos y resoluciones vigentes conservarán su validez y seguirán ejecutándose para garantizar la continuidad institucional y la protección de los derechos de terceros.
Finalmente, el presupuesto del Órgano de Administración Judicial deberá incluir los recursos necesarios para que el Tribunal de Disciplina Judicial funcione correctamente. Además, de manera excepcional, las magistraturas y jueces que sean elegidos en 2028 tendrán un mandato de ocho años, que terminará en 2036.
