Por: Luis Ayala Ramos
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Chimalhuacán, EdoMéx.- El número de personas en situación de calle en el municipio ha registrado un notable aumento en los últimos años, afectando a hombres, mujeres y familias enteras que no cuentan con acceso a empleo, vivienda digna ni servicios básicos. A pesar de las crecientes necesidades de este grupo social, la administración local, encabezada por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, no ha implementado estrategias de atención integral ni ha mantenido los programas de asistencia que existían en administraciones anteriores.
Desde 2021, en diferentes puntos del municipio, es común observar a personas que han improvisado refugios con materiales de desecho bajo puentes peatonales, especialmente a lo largo de la Avenida del Peñón. Además, se ha incrementado la presencia de ciudadanos que recorren mercados, plazas públicas y parques en busca de apoyo económico. La pobreza en Chimalhuacán se mide en diferentes rubros, como la carencia de vivienda, la falta de acceso a servicios de salud y la disminución del poder adquisitivo.
De acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicado el 26 de abril de 2023, el número de personas en situación de pobreza en Chimalhuacán aumentó de 394 mil a 493 mil, lo que representa el 61.5% de la población total del municipio, que asciende a más de 705 mil habitantes. Estos datos reflejan un incremento del 25% en tan solo un año, evidenciando una crisis social y económica que ha empujado a cientos de ciudadanos a las calles.
Aunque no existen cifras oficiales que documenten cuántas personas viven en situación de calle en Chimalhuacán, los habitantes del municipio reportan un aumento significativo en el número de individuos que se encuentran en estas condiciones, visibles en semáforos, zonas comerciales y espacios públicos.
Las personas en situación de calle son aquellas que viven desvinculadas parcial o totalmente de sus familias, adoptando las calles como lugar de residencia, socialización y subsistencia. Este grupo social es heterogéneo, compuesto por niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, con problemas de salud o adicciones, quienes a menudo enfrentan abandono social y la ausencia de un sistema de apoyo por parte de familiares o instituciones públicas.
En años anteriores, las administraciones municipales implementaron programas de asistencia para este grupo vulnerable. Entre los apoyos se encontraba la operación de un albergue a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se proporcionaban alimentos y atención médica mientras se intentaba la reintegración de las personas con sus familiares. Sin embargo, estas iniciativas fueron desmanteladas tras la llegada de la nueva administración.
En 2014, durante el gobierno de Telésforo García Carreón, el municipio implementó un programa en colaboración con la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (Uepavig) para la atención de personas en situación de calle. Según Gloria Frías, entonces directora de la Uepavig, más de 200 personas fueron canalizadas a centros de atención, y en algunos casos, menores de edad recibieron asistencia de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia municipal. No obstante, desde entonces no se han reportado acciones similares.
Andrea González, maestra de Educación Secundaria y vecina del municipio, lamenta el aumento de personas en situación de calle y la falta de respuesta por parte de las autoridades. “Es lastimoso ver el incremento del número de gente que no tiene hogar y que las autoridades no atiendan este fenómeno que se puede convertir en un problema grave. Esa gente también tiene derecho a ser atendida, el Ayuntamiento debería atender a esas personas, todos merecemos tener una casa, trabajo y comida”, señaló.
Según la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (2013), las personas en situación de calle sufren discriminación constante debido a su apariencia y pobreza, enfrentando indiferencia, maltratos y violencia. Además, la estigmatización los coloca como presuntos criminales debido al consumo de sustancias tóxicas, una práctica común para evadir la dura realidad a la que se enfrentan diariamente.
A pesar de estos problemas, no existe una ley que garantice de manera específica los derechos de la población en situación de calle en el Estado de México. Aunque la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social del Congreso Mexiquense aprobó reformas para establecer derechos para toda la población, incluyendo a este sector, su aplicación en municipios como Chimalhuacán ha sido nula. El aumento en el número de personas en situación de calle evidencia la necesidad urgente de políticas públicas más inclusivas y programas de apoyo para combatir esta crisis humanitaria.
Fuentes como el Coneval y la Encuesta sobre Discriminación señalan que el fenómeno de la pobreza y la situación de calle en municipios urbanos del Estado de México requiere un enfoque integral que incluya empleo, vivienda y apoyo psicosocial para devolver la dignidad a quienes se encuentran en esta situación.
