**El diputado Gerardo Pliego (morena); Juan Carlos Villarreal Martínez, titular del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle) del Congreso estatal; y el académico Gabriel Reyes Jaramillo, propusieron promover y fortalecer los gobiernos digitales y el uso de nuevas tecnologías en el combate a la corrupción.
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Por: Redacción.
Toluca, EdoMéx.-El diputado Gerardo Pliego Santana (morena); Juan Carlos Villarreal Martínez, titular del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso estatal; y el académico Gabriel Reyes Jaramillo coincidieron en la necesidad de impulsar y fortalecer los gobiernos digitales y el uso de nuevas tecnologías, así como ampliar la autonomía y la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la corrupción, con el propósito de hacer más eficaz su prevención, combate y erradicación.
Al participar en la ‘6ª Semana Nacional contra la Corrupción’ —que incluyó algunas de sus actividades en el Instituto de Estudios Legislativos—, señalaron que, por muchos años, los sistemas anticorrupción fueron conducidos bajo una lógica de simulación, lo que ha dificultado la consolidación de mecanismos eficaces para combatir este problema y erradicarlo de manera efectiva.
El diputado Gerardo Pliego Santana (morena) expuso que, para enfrentar la corrupción, es necesario impulsar y consolidar una cultura de integridad pública, así como fortalecer la coordinación interinstitucional.
Lo anterior, durante la ‘Mesa de Análisis 6, Análisis del Combate de la Corrupción en el Estado de México. Retos y Dificultades’, jornada impulsada por el Sistema Nacional Anticorrupción, con la participación de dependencias gubernamentales y de los sectores social, académico y privado para promover la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Al apuntar que la legislación en la materia es adecuada, aunque su aplicación depende de quienes estén al frente de los gobiernos, llamó a crear una Agencia Estatal Contra la Corrupción, facultar a la Legislatura a designar a las y los contralores municipales, generar mecanismos que protejan a las personas que denuncien esta práctica, y que el Órgano Superior de Fiscalización genere un sistema que permita seguir en tiempo real cuánto, cómo y en que se gastan los recursos públicos.
Tras exponer que en 2023 el costo de la corrupción en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fue de 12 mil millones de pesos, y que 15 mil 642 personas por cada 100 mil sufrieron actos de corrupción, principalmente por policías y partidos políticos, el legislador, presidente de la Comisión legislativa de Combate a la Corrupción, abogó por otorgar mayor autonomía a los órganos que enfrentan estas prácticas, ampliar el uso de tecnología para reducir trámites (fuente de corrupción), profundizar la participación y conciencia ciudadana en el tema, profesionalizar el servicio público, fortalecer la prevención y combatir la impunidad en todos los niveles de las administraciones públicas.
En su turno, Juan Carlos Villarreal propuso incorporar desde la educación básica cursos de ética y responsabilidad pública, seleccionar a las personas contraloras locales por medio de un proceso calificado, añadir mayores elementos técnicos a las licitaciones públicas, así como fortalecer la colaboración entre dependencias que afrontan esta conducta.
Planteó también crear un nuevo órgano anticorrupción, implementar el servicio civil de carrera en áreas sustantivas y un sistema que permita conocer la evolución patrimonial de personas servidoras públicas.
Para Gabriel Reyes, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), se requiere armonizar la legislación y diseñar normas más eficientes en la materia, ampliar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, vincular a la ciudadanía, la academia y el sector privado para el combate a la corrupción, facilitando su colaboración en los procesos de fiscalización y auditorias al ejercicio público.
La ‘6ª Semana Nacional contra la Corrupción’ se desarrolló del 19 de mayo al 22 de mayo en diversas sedes, mientras que la ‘Mesa de Análisis 6’ tuvo lugar en las instalaciones del Inesle y estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMEX, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto de Políticas Públicas del estado de México y Municipios y la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal.
