** La propuesta presentada por la diputada Joanna Felipe (PAN) establece que estas acciones deberán incluir y garantizar, además de una alimentación saludable, servicios de salud bucal, mental y comunitaria; actividad física; control médico; detección de violencia y consumo de sustancias psicoactivas, así como el suministro de medicamentos y la vacunación.
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Redacción
Toluca, Méx. – Propusieron la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador, respectivamente, del Grupo Parlamentario del PAN, ampliar de seis a 12 meses las acciones integrales de promoción de la salud pregestacional, durante el embarazo, parto y puerperio, así como garantizar a las madres y a sus recién nacidos los servicios médicos correspondientes.
La iniciativa presentada durante la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, estas acciones deberán incluir y garantizar una alimentación saludable; atención de la salud bucal, mental y comunitaria; actividad física; control médico; detección de violencia y consumo de sustancias psicoactivas, así como el suministro de medicamentos y la vacunación.
Actualmente, la legislación garantiza estos servicios durante el puerperio —periodo que inicia inmediatamente después del parto y la expulsión de la placenta, con una duración aproximada de 42 días— y la lactancia, correspondiente a los primeros seis meses de vida del recién nacido. Con la propuesta, esta cobertura se ampliaría hasta el primer año de vida.
La iniciativa de reforma a las leyes estatales de Salud, de Seguridad Social para los Servidores Públicos y del Trabajo de los Servidores Públicos, presentada por la congresista Joanna Felipe, admite también esta garantía como un derecho de las mujeres en tales condiciones.
Señala que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios garantizará a las trabajadoras embarazadas y puérperas la conservación de sus derechos en materia de atención médica, farmacéutica y hospitalaria, así como la afiliación de la persona recién nacida como derechohabiente por un periodo mínimo de 12 meses a partir del nacimiento, incluso cuando la relación laboral concluya por causas ajenas a la responsabilidad de la trabajadora.
Asimismo, precisa que, durante dicho periodo, la dependencia pública continuará enterando las cuotas correspondientes, mientras que la conservación de derechos será prorrogable durante la lactancia acreditada mediante prescripción médica.
Solicita que las instituciones públicas se abstengan de rescindir la relación laboral de una servidora pública precisamente dentro de esos 12 meses posteriores al parto. Cabe referir que la legislación actual considera esta disposición cuando la mujer se encuentre embarazada, de licencia de maternidad o en su periodo de lactancia.
Mientras que, al exponer el documento, Joanna Felipe enfatizó que la salud de las madres y de sus bebés no es un privilegio, sino un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger. No obstante, señaló que enfrentan una realidad adversa.
“Cuando una mujer termina su periodo de cuarentena o puerperio, muchas veces pierde de golpe el acceso a la seguridad social. Se queda sin consultas médicas, sin medicinas, sin estudios de control, sin apoyo psicológico y sin atención pediátrica para sus bebés justo en el momento en que las presiones físicas, la carga emocional y el gasto económico de la maternidad apenas están comenzando”, reprochó.
Agregó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, dos de cada 10 mujeres desarrollan depresión durante el embarazo o en el primer año posterior al parto; sin embargo, 75 por ciento de ellas no recibe un diagnóstico ni la atención médica que requiere.
“Quitarles el acceso a la salud en esta etapa tan vulnerable es negarle el derecho a recuperarse con dignidad y es desproteger a los recién nacidos en sus meses más críticos”, concluyó.
