**El diputado de morena advirtió que la norma vigente presenta contradicciones constitucionales que exponen los actos judiciales a impugnaciones y afectan la seguridad jurídica.
Redacción
Toluca, México. – Con el propósito de adecuar las funciones del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial a la nueva estructura constitucional del Estado de México, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Durante la sesión deliberante, el legislador explicó que en la ley vigente se advierte un conjunto de duplicidades y ausencias que afectan la actividad jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, además de imprecisiones provenientes de la reforma federal que no fueron adecuadas al marco jurídico de la entidad, por lo que la finalidad de su iniciativa es evitar la ambigüedad legal sobre las atribuciones de sus órganos.
Al exponer los motivos de su propuesta —derivada de las reformas constitucionales avaladas en diciembre de 2024—, Martínez Vargas señaló que la ley orgánica vigente, aprobada el 2 de septiembre de 2025, fue elaborada en plazos breves y en medio de la primera elección judicial celebrada el 1 de junio de ese año, lo que derivó en contradicciones con el texto constitucional, artículos que asignan la misma atribución a dos o tres órganos distintos, lagunas, remisiones a figuras inexistentes y errores de técnica legislativa.
El parlamentario argumentó que estas inconsistencias tienen un origen común: la transición de un modelo en el que el Consejo de la Judicatura concentraba la administración, vigilancia y disciplina, hacia otro en el que dichas funciones se reparten entre tres órganos con naturaleza y garantías constitucionales propias.
Asimismo, advirtió que cuando dos órganos se consideran competentes para conceder una misma licencia, resolver un procedimiento disciplinario o designar a una persona sustituta, el acto emitido queda expuesto a impugnación por falta de competencia, lo que afecta la seguridad jurídica de las personas servidoras públicas, de las partes en los juicios y de la sociedad en su conjunto.
Por ello, el proyecto legislativo plantea precisar los procedimientos relacionados con licencias, vacantes, sustituciones y organización administrativa, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control institucional, aclarando que no se pretende crear órganos o plazas ni generar un impacto presupuestal.
En materia operativa y de control, la iniciativa busca:
- Garantizar certeza en la titularidad de los órganos jurisdiccionales y concentrar en el Órgano de Administración Judicial las funciones que le confiere la Constitución, además de la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional y un sistema único de información estadística.
- Delimitar las competencias de investigación, substanciación y resolución entre la Contraloría Interna del Poder Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
- Establecer los criterios e indicadores mínimos para evaluar a las personas juzgadoras electas durante su primer año de ejercicio.
- Homologar la calificación de excusas, recusaciones e impedimentos.
Finalmente, el congresista recordó que las convocatorias de los próximos procesos de elección judicial deberán publicarse a más tardar el 30 de abril de 2027, con miras a los comicios del primer domingo de junio de 2028, por lo que consideró apremiante contar con un ordenamiento jurídico adecuado que regule a la institución y prevenga la nulidad de sus actos.
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