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- La iniciativa presentada en la LXII Legislatura mexiquense amplía el concepto de violencia patrimonial, combate abusos en contratos y permite revocar donaciones en caso de maltrato o abandono sin requerir sentencia penal previa.
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Redacción
Toluca, México. – Con el objetivo de salvaguardar los bienes de las personas adultas mayores ante el abuso familiar, el despojo y el aprovechamiento indebido de vínculos de confianza —sin restringir su independencia ni su facultad para decidir sobre sus propiedades—, la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso local.
Al exponer los alcances de su proyecto, la parlamentaria enfatizó que se busca garantizar que este sector poblacional mantenga su autonomía y disfrute del fruto de su trabajo, evitando que queden en estado de indefensión cuando su seguridad financiera, tranquilidad o dignidad corran peligro, incluso dentro de su propio entorno familiar.
La propuesta, turnada en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, extiende la definición legal de violencia patrimonial para sancionar a quien se valga de lazos de parentesco, confianza, cuidado, apoyo o dependencia con el fin de inducir, concretar o ejecutar actos de administración, disposición, gravamen o transmisión de bienes en perjuicio del propietario.
De igual forma, abarca toda acción u omisión que comprometa la subsistencia, la autonomía financiera o la libre disposición de derechos mediante la sustracción, retención, ocultamiento o manejo indebido del patrimonio. No obstante, el texto puntualiza que la edad, por sí misma, jamás deberá interpretarse como presunción de incapacidad, dependencia o falta de aptitud para administrar sus propios recursos.
En el ámbito contractual, la iniciativa establece que si alguien abusa de la ignorancia, inexperiencia, miseria, estado de necesidad, o bien de una relación de dependencia, cuidado o confianza para obtener ganancias excesivas y desproporcionadas, la parte afectada tendrá derecho a exigir la nulidad del acuerdo o la reducción equitativa de sus obligaciones.
Para los contratos donde intervenga una persona adulta mayor, el documento dispone que cualquier posible lesión patrimonial deberá evaluarse analizando las circunstancias particulares y aplicando una perspectiva de persona mayor, reiterando que la edad avanzada no constituye por sí sola un indicio de incapacidad, ignorancia o vicio del consentimiento.
Respecto a las donaciones, se propone facultar su revocación cuando la persona beneficiaria cometa violencia familiar contra quien donó el bien. Tratándose de adultos mayores, se contemplan supuestos como abandono físico o moral, explotación, despojo, violencia patrimonial y abuso de relaciones familiares o de confianza que vulneren su integridad o patrimonio, precisando que bastará acreditar estas conductas sin necesidad de contar con una sentencia penal condenatoria previa.
Finalmente, la exposición de motivos retoma cifras del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, los cuales contabilizan 2 millones 390 mil 564 personas adultas mayores en la entidad, dato que subraya la urgencia de robustecer el marco jurídico para proteger su bienestar y patrimonio.
