Por: Redacción.
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Ciudad de México.- La administración del presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva orientada a reforzar los controles sobre el sistema financiero estadounidense, con énfasis en operaciones vinculadas a personas sin autorización migratoria o laboral en Estados Unidos, una medida que podría impactar el envío de remesas hacia México.
El documento, titulado “Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense”, instruye al Departamento del Tesoro, así como a organismos reguladores bancarios federales, a fortalecer los mecanismos de identificación de clientes, vigilancia de transferencias internacionales y supervisión de operaciones consideradas de riesgo.
Aunque la orden no prohíbe las remesas ni establece impuestos adicionales sobre los envíos de dinero al extranjero, sí coloca bajo mayor escrutinio financiero a migrantes indocumentados que utilizan servicios bancarios, empresas remesadoras o plataformas digitales para transferir recursos a sus países de origen.
La Casa Blanca justifica la medida bajo argumentos de seguridad nacional, combate al lavado de dinero y prevención de delitos financieros. En el texto, el gobierno estadounidense sostiene que ciertas transferencias transfronterizas de bajo monto han sido utilizadas para facilitar actividades ilícitas como tráfico de drogas, trata de personas, financiamiento criminal y evasión fiscal.
La orden también hace referencia a investigaciones federales sobre redes de lavado de dinero presuntamente vinculadas con organizaciones criminales mexicanas y operadores financieros chinos.
Mayor vigilancia sobre cuentas y transferencias
Entre las disposiciones más relevantes, el gobierno instruyó al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, advertencias formales dirigidas a instituciones financieras sobre patrones de actividad sospechosa asociados con personas “no autorizadas a trabajar” en Estados Unidos.
El documento enumera operaciones que podrían ser consideradas señales de alerta, entre ellas:
depósitos o retiros frecuentes en efectivo por debajo de montos de reporte obligatorio; uso de plataformas de pago o empresas de servicios monetarios no registradas; utilización de empresas fantasma o cuentas intermediarias; y movimientos financieros relacionados con esquemas de nómina fuera de registros oficiales.
Uno de los puntos con mayores implicaciones para la población migrante es la referencia al uso del ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).
La orden establece que el uso de este documento fiscal para abrir cuentas bancarias o solicitar productos financieros, cuando el usuario carezca de un estatus migratorio legal verificado, podrá ser considerado un “factor de riesgo” sujeto a revisión reforzada.
Actualmente, millones de trabajadores indocumentados utilizan el ITIN para cumplir obligaciones fiscales y acceder a servicios financieros básicos en Estados Unidos.
Bancos podrán solicitar más información migratoria
La orden ejecutiva también abre la puerta para que bancos y otras instituciones financieras soliciten información adicional relacionada con el estatus migratorio o autorización laboral de ciertos clientes, siempre que las entidades consideren que existen riesgos asociados con fraude, robo de identidad, evasión de sanciones u otras actividades ilícitas.
Además, la administración Trump instruyó a los reguladores financieros federales a revisar los programas de identificación de clientes y evaluar riesgos relacionados con documentos de identificación extranjeros, incluidas matrículas consulares.
En paralelo, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor deberá analizar si la posibilidad de deportación o pérdida de empleo puede considerarse un elemento que afecte la capacidad de pago de personas migrantes al momento de otorgar créditos, hipotecas o financiamiento.
Posibles efectos sobre las remesas
Especialistas consultados por medios estadounidenses consideran que las nuevas disposiciones podrían traducirse en mayores requisitos de verificación para usuarios de servicios financieros y empresas remesadoras.
Aunque las transferencias de dinero a México continuarán siendo legales, analistas advierten que el endurecimiento regulatorio podría generar:
incremento en revisiones de identidad; retrasos en operaciones;mayores costos de cumplimiento para instituciones financieras;y un desplazamiento parcial hacia mecanismos informales de envío de dinero.
México se mantiene como uno de los principales receptores de remesas a nivel mundial. Durante 2025, el país recibió más de 65 mil millones de dólares provenientes principalmente de trabajadores mexicanos radicados en Estados Unidos.
Las remesas representan una fuente esencial de ingresos para millones de familias mexicanas y tienen un peso significativo en economías locales de entidades como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Oaxaca.
Implementación gradual
La orden ejecutiva establece distintos plazos para la implementación de medidas regulatorias. Algunas disposiciones deberán desarrollarse en un periodo de 60 a 90 días, mientras que otras podrían concretarse en los próximos seis meses mediante modificaciones a normas de la Ley de Secreto Bancario y regulaciones financieras federales.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha fijado una postura oficial respecto al contenido de la orden ejecutiva ni sobre posibles afectaciones para connacionales que envían remesas desde Estados Unidos.
