Toluca, EdoMéx.-Integrantes de las comisiones de Planeación y Gasto Público, así cómo de Finanzas Públicas, votaron por retirar del paquete fiscal 2022, las iniciativas que proponían la creación de dos impuestos cedulares para la prestación de servicios profesionales y por actividades empresariales.
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Ante los reiterados señalamientos de Nueva Alianza, de qué impactarián de manera negativa en contribuyentes y en perjuicio del sector productivo, pero sobre todo por las exigencias de cámaras empresariales, legisladores mexiquenses decidieron eliminar dicha propuesta del paquete fiscal.
En este sentido, el coordinador de la bancada de Nueva Alianza en la presente legislatura, Rigoberto Vargas Cervantes, celebró qué junto a sus pares se haya desechado gravar dichas actividades económicas.
Como prosecretario en la Comisión de Gastó Público, Rigoberto Vargas Cervantes, reconoció el compromiso de todos los que participaron para desestimar con argumentos el planteamiento del ejecutivo por aumentar la carga impositiva a dicho sector de la población mexiquense.
Ejemplo de lo anterior fue el posicionamiento a nombre de la bancada del PRI y del partido en el poder, que hizo el diputado Enrique Jacob Rocha, quien reconoció que tras las series de argumentos que presentaron distintos parlamentarios con la comunidad empresarial, evaluaron que después de un momento complicado en la economía nacional y del Estado de México que apenas empieza a recuperase, no es momento de incorporar la propuesta que presentó el Ejecutivo estatal.
También la diputada Carmen de la Rosa recordó que desde que se presentó el planteamiento, la bancada de Morena se manifestó en contra del impuesto que impactaba a profesionistas y empresarios.
Bajo éste orden de ideas, Vargas Cervantes, mencionó que fueron las coincidencias parlamentarias, las que se impusieron, -dijo- para evitar cargas fiscales tanto a micro, pequeñas y medianas unidades económicas, así a como a profesionales.
El aliancista Rigoberto Vargas, se pronunció a favor por que con mayor eficacia la administración recaude los impuestos que le permite la ley, con el objetivo de hacerse de los recursos públicos que dice necesitar para el adecuado funcionamiento de la administración estatal.
