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Por Lic. Estefhany W. Estrella
Socia Cadena & Asociados Abogados.
En un Estado democrático de derecho existe un principio que debería ser intocable: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es una frase romántica ni una formalidad jurídica; es la base de la civilización moderna y el límite más importante frente al abuso del poder punitivo del Estado.
Sin embargo, en México, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en uno de los mecanismos más agresivos contra ese principio. Miles de personas son encarceladas no porque un juez haya comprobado su culpabilidad, sino porque la ley obliga automáticamente a privarlas de la libertad mientras enfrentan un proceso penal. Es decir: primero se castiga y después se investiga formalmente.
La prisión preventiva oficiosa representa una de las contradicciones más graves del sistema penal mexicano. Por un lado, la Constitución y los tratados internacionales reconocen la presunción de inocencia como derecho humano; por otro, el propio Estado impone una medida que en la práctica trata al imputado como culpable desde el primer momento.
¿Qué es realmente la presunción de inocencia?
La presunción de inocencia implica que ninguna persona debe ser considerada culpable sin una sentencia firme emitida por un tribunal imparcial. Esto obliga al Ministerio Público a demostrar la responsabilidad penal mediante pruebas legales y suficientes.
La carga de la prueba corresponde al Estado, nunca al ciudadano.
Este principio protege a todos, incluso a quienes hoy creen que jamás enfrentarán una acusación. Porque el verdadero valor de los derechos humanos no se mide cuando protegen a personas populares o simpáticas, sino cuando defienden a alguien señalado, odiado o socialmente condenado.
La presunción de inocencia evita que la justicia se convierta en venganza.
La prisión preventiva oficiosa: una condena sin sentencia
La prisión preventiva debería ser excepcional. En teoría, únicamente tendría que aplicarse cuando exista riesgo real de fuga, peligro para la víctima o posibilidad de obstaculizar la investigación.
Pero la prisión preventiva oficiosa elimina el análisis individual del caso. El juez pierde la facultad de valorar circunstancias concretas y se ve obligado a encarcelar automáticamente a la persona imputada por determinados delitos.
Esto genera consecuencias devastadoras:
Personas inocentes pasan años en prisión sin sentencia.
Familias enteras quedan destruidas económica y emocionalmente.
Hijos crecen lejos de sus padres.
Empleos, reputaciones y proyectos de vida desaparecen.
El proceso penal se transforma en una pena anticipada.
En México, muchas personas terminan absueltas después de haber permanecido años privadas de la libertad. El daño ya es irreparable. Ninguna disculpa institucional devuelve el tiempo perdido.
El problema del populismo penal
La prisión preventiva oficiosa suele defenderse políticamente bajo el argumento de “combatir la delincuencia”. Sin embargo, endurecer medidas cautelares no necesariamente reduce el crimen.
Lo que sí produce es un sistema más autoritario y menos garantista.
El populismo penal alimenta la idea de que encarcelar automáticamente genera justicia. Pero la verdadera justicia no puede construirse violando derechos fundamentales. Un país no se vuelve más seguro destruyendo garantías procesales; únicamente se vuelve más peligroso para todos.
Cuando el miedo sustituye al derecho, cualquier persona puede convertirse en víctima del sistema.
Las víctimas también merecen una justicia legítima
Defender la presunción de inocencia no significa abandonar a las víctimas. Por el contrario, implica construir investigaciones profesionales, científicas y eficaces.
Una justicia basada en encarcelamientos automáticos genera expedientes débiles, incentiva abusos ministeriales y fomenta detenciones arbitrarias. La solución no es encarcelar sin juicio, sino investigar mejor.
Las víctimas merecen verdad, reparación y sentencias legítimas, no espectáculos políticos ni simulaciones de justicia.
México ante los estándares internacionales
Diversos organismos internacionales han cuestionado la prisión preventiva oficiosa en México por considerarla contraria a derechos humanos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos de la Organización de las Naciones Unidas han sostenido que la prisión automática vulnera principios esenciales como:
presunción de inocencia,
libertad personal,
proporcionalidad,
y debido proceso.
El encarcelamiento preventivo obligatorio convierte la excepción en regla y normaliza la privación de la libertad sin sentencia.
El peligro de normalizar el abuso
Uno de los mayores riesgos sociales es acostumbrarse a la injusticia cuando creemos que nunca nos alcanzará.
Hoy puede ser alguien más: un adversario político, un desconocido, una persona señalada mediáticamente.
Mañana podría ser cualquier ciudadano acusado falsamente, víctima de corrupción, de fabricación de pruebas o simplemente de un error ministerial.
La historia demuestra que cuando un Estado obtiene facultades excesivas para encarcelar sin controles efectivos, tarde o temprano esas herramientas terminan utilizándose de forma arbitraria.
La presunción de inocencia no protege criminales; protege ciudadanos.
Defenderla no es un acto de debilidad frente al delito, sino una muestra de civilización jurídica. La prisión preventiva oficiosa representa una herida profunda para el sistema de justicia mexicano porque transforma el proceso penal en castigo anticipado y erosiona uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
México necesita instituciones capaces de investigar y juzgar con eficacia, no mecanismos automáticos que encarcelen personas antes de demostrar su culpabilidad.
Porque cuando la libertad depende más de una acusación que de una sentencia, nadie está verdaderamente a salvo.
