**Al fijar su posición en Tribuna, el legislador mexiquense destacó que el aplazamiento garantiza un proceso más accesible y ordenado para la ciudadanía.
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** Lamentó la cerrazón de la oposición para debatir los nuevos comités, que impedirán la postulación de perfiles vinculados a estructuras criminales o a violencia de género.
Redacción
Toluca, Méx. – Durante la defensa de la minuta de reforma judicial en Tribuna, el diputado Octavio Martínez Vargas respaldó aplazar los comicios al 2028 para garantizar un proceso más accesible y lamentó la cerrazón de la oposición para debatir los nuevos filtros que impedirán la postulación de personas ligadas a estructuras criminales o violencia de género.
Asimismo, adelantó que el pleno del Congreso del Estado de México se perfila para convertirse en uno de los primeros del país en aprobar la minuta proveniente del Senado de la República que difiere la elección de jueces y magistrados.
El diputado explicó que la modificación recoge observaciones técnicas muy valiosas que corrigen y enriquecen el proceso electoral del Poder Judicial tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Martínez Vargas explicó que la decisión de aplazar la jornada responde a las advertencias hechas en su momento por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), institutos políticos y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Indicó que realizar estos comicios el mismo día que las elecciones para gubernaturas, renovación de congresos locales y el Congreso Federal resultaba inviable por la complejidad del proceso.
Un formato “más amigable” y filtros contra el crimen
El diputado destacó que esta prórroga, planteada tras un análisis minucioso por la titular del Ejecutivo Federal, permitirá diseñar un proceso mucho más accesible para la ciudadanía.
“Ahora viene un segundo proceso que permitirá una boleta más amigable, un proceso más accesible para las y los electores del país y de las entidades federativas”, subrayó.
De igual manera criticó que las bancadas de la oposición se hayan aislado y limitado a hacer planteamientos de naturaleza puramente política en lugar de aportar elementos sustantivos para enriquecer la reforma.
También recordó que la iniciativa atiende demandas de las propias minorías parlamentarias al crear comités especiales de evaluación para evitar que personas vinculadas a estructuras criminales o de violencia de género puedan postularse.
“Hoy se crea un comité para este efecto y tampoco están de acuerdo”, reprochó.
El legislador mexiquense enfatizó que el Congreso local armonizará a la brevedad la Constitución de la entidad, el Código Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
Detalló que, si bien en la primera etapa bajo el nuevo sistema se eligieron entre 50 y 55 juzgadores, de cara al 2028 la entidad renovará de manera masiva sus puestos clave:
• 400 jueces y juezas.
• 30 magistradas y magistrados.
• La presidencia del Poder Judicial local para el cuarto periodo.
Durante el plano administrativo y de austeridad, Martínez Vargas subrayó que la reforma constitucional consolida el tope salarial y elimina los beneficios desproporcionados del pasado: “Hoy ningún integrante del Poder Judicial federal ni del Estado debe ganar más de lo que gana la presidente de la República y de lo que gana la titular del Ejecutivo del Estado; nadie. Desaparecieron los haberes de retiro y los excesos”.
Al contrastar la gestión actual con administraciones anteriores (mencionando explícitamente la etapa del magistrado Ricardo Sodi), el diputado aseguró que hoy existe una justicia más cercana mediante audiencias públicas directas en municipios como Chalco y Texcoco, visitas programadas a Ecatepec para la primera semana de junio, y el despliegue de las Caravanas por la Justicia Social.
“Hoy el Poder Judicial está en las calles, explicando, facilitando y protegiendo a niñas, niños, jóvenes y mujeres víctimas. Eso es lo que hay al día de hoy.
Es mejor lo que hoy tenemos a lo que había”, concluyó, señalando que, tras este logro legislativo, el siguiente paso urgente en la agenda estatal deberá ser la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.
