Por: Alejandro Carrillo.
Nicolás Romero, Estado de México.-
El Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo al Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú, en el municipio de Nicolás Romero, dejando sin efectos el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y ordenando la realización de una nueva consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, conforme a los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.
Esto tiene que ver con la defensa de los bosques y la comunidad otomí de San Francisco Magu y Cahuacan para que sean consultados sobre la construcción de la autopista Atizapán de Zaragoza Atlacomulco, por parte de la manejadora española Aleatica.
La sentencia, emitida por la Jueza Karla Luisa Sánchez Luna del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, reconoce que la comunidad otomí no fue consultada por el municipio de manera efectiva antes de la aprobación del plan urbano, lo que representó una violación a su derecho colectivo a la participación y a ser tomada en cuenta en decisiones que afectan su territorio, mismo que deberá sustentar la administración municipal.
En el fallo, la jueza señaló que las autoridades municipales limitaron la posibilidad de la comunidad de acceder a información completa y de participar activamente en la discusión del proyecto, lo que derivó en un acto discriminatorio que vulnera los derechos fundamentales de los pueblos originarios.
El litigio fue acompañado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que destacó la importancia de la resolución en el fortalecimiento del reconocimiento y protección de los pueblos indígenas en el Estado de México, entidad donde históricamente estas comunidades han enfrentado dificultades para que sus derechos sean respetados.
Cabe destacar que las organizaciones comunitarias y de defensa del territorio de San Francisco Magú hicieron un llamado a las autoridades municipales de Nicolás Romero encabezados por la alcaldesa Yoselin Mendoza Ramírez para implementar de manera efectiva la consulta ordenada por la jueza y garantizar que la ciudadanía participe de forma transparente en la definición del desarrollo urbano del municipio.
Por lo que han solicitado que la alcaldesa Yoselin Mendoza Ramírez, lleve a cabo una consulta pública que sea adecuada conforme a la forma en que tradicionalmente toman sus decisiones.
Finalmente, la comunidad expresó que espera que este amparo marque “el inicio de una nueva era de respeto y reconocimiento” para los pueblos indígenas, no solo en la región, sino en todo el país.
Ahora veremos si la alcaldesa puede resolver el direrendo con la apertura democrática necesaria salvaguardando el interés de la comunidad indígena, la cuál por cierto ya tiene un asiento en el cabildo municipal, cuando se tratan temas que tengan que ver con los derechos de los pueblos originarios y si además puede concretar el proyecto que vendría a darle una alternativa de desarrollo a la localidad.
