** “La actividad periodística es de interés público, y debe garantizarse con derechos, no solo con promesas”: Veneranda Mendoza,
Redacción
Toluca, Méx. – Durante su intervención en el 4º Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos 2025, la reportera de la Revista Proceso, Veneranda Mendoza, hizo un llamado firme y urgente a revisar de fondo el marco legal que pretende salvaguardar a quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos en el Estado de México. Su ponencia se convirtió en un agudo diagnóstico del rezago institucional, la fragilidad normativa y las omisiones estructurales que persisten en la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El foro, convocado por la iniciativa “100 Periodistas por el Estado de México”, reunió a comunicadores del Valle de México, del Oriente de la entidad y del Valle de Toluca, siendo éste un esfuerzo colectivo por visibilizar las necesidades del gremio y enriquecer la legislación con una perspectiva más incluyente, eficiente y garantista.
En su intervención, Veneranda Mendoza advirtió que, pese a su título, la ley actual dista de ser verdaderamente “integral”, pues se enfoca en medidas de protección reactivas, sin abordar factores estructurales como la precarización laboral, la falta de seguridad social y la ausencia de mecanismos de profesionalización.
“La actividad periodística es de interés público, y debe garantizarse con derechos, no solo con promesas”, enfatizó.
La periodista, con amplia experiencia y autoridad moral en el gremio, centró su intervención en denunciar las limitaciones actuales de la ley y exigir cambios que respondan a las realidades del ejercicio periodístico en el terreno.
Así mismo, refirió que durante cada encuentro se han expuesto y debatido sobre inquietudes que permitan revalorar la función social de los periodistas del Estado de México, planteando que la legislación contemple un capítulo de bienestar que incluya pensiones, acceso a salud, becas para capacitación y una cédula profesional que dé identidad legal a quienes ejercen el periodismo, así como la diferenciación clara entre periodistas y defensores de derechos humanos, pues aunque ambas figuras comparten riesgos, sus necesidades operativas son distintas.
Uno de los puntos más críticos fue la falta de respuestas expeditas ante situaciones de riesgo, pues explicó que los procedimientos actuales pueden tardar hasta cuatro días en activarse completamente, lo que deja en estado de vulnerabilidad a periodistas amenazados, a ello se suma la exclusión de reporteros de campo en los órganos de decisión del mecanismo de protección, dominado por editores y directores con menor exposición al riesgo. Propuso la incorporación de periodistas de regiones diversas y de sectores vulnerables, como pueblos originarios o la comunidad LGBTTTIQ+ al Consejo Consultivo del Mecanismo Estatal y a su incorporación a la legislación Estatal.
Además, denunció que persisten actos de censura y criminalización bajo figuras legales alternas, como acusaciones infundadas de violencia política, al tiempo que se opacó el acceso a la información pública tras la desaparición de los institutos de transparencia. Alertó también sobre el potencial uso de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones como herramienta de vigilancia o censura.
“En instalaciones públicas aún se nos niega el acceso, y cuando se nos permite, nos encierran en un ‘corralito’ que busca más contener que garantizar nuestro derecho a informar. Eso debe erradicarse”, denunció. En paralelo, apuntó a la opacidad del Fondo de Protección a Periodistas, del cual se desconocen a la fecha montos, beneficiarios y mecanismos de fiscalización.
“No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo garantías mínimas para ejercer una labor esencial en una democracia”, concluyó.
