**Las empresas y las instituciones financieras deben divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima y la naturaleza.
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**El Informé del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) revela que la actividad humana y un modelo económico que prioriza el crecimiento a corto plazo han dañado enormemente los ecosistemas.
Por: Redacción.
Mitigar las crisis climática, de biodiversidad y de degradación del suelo requiere multiplicar al menos por tres los recursos que se le dedican actualmente hasta 2030 y por cuatro hasta 2050, revela un nuevo informe, que llama a las 20 mayores economías del mundo a promover las inversiones de capital privado en ese rubro.
Es muy urgente aumentar las inversiones en la naturaleza para cerrar las brechas de financiamiento climático y de biodiversidad y para ocuparse de la necesidad de acelerar la restauración de la tierra en todo el planeta, señala el informe Estado del Financiamiento de la Naturaleza, divulgado este jueves.
Mediante el documento el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) detalla que ese incremento de inversión equivaldría a un total acumulado de 8,1 billones de dólares y a una tasa de inversión anual futura de 536.000 millones de dólares.
Además el documento destaca que el ritmo de extinción de las especies, el calentamiento global, el creciente número de fenómenos meteorológicos extremos y las enfermedades zoonóticas como el Covid-19 refuerzan aún más la necesidad de invertir en acciones sostenibles que mejoren la resiliencia de los ecosistemas y aborden los retos sociales como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la seguridad del agua, la salud humana y la mejora de la resiliencia ante el riesgo de catástrofes.
La base de la economía
Recuerda que los recursos naturales son la base del sistema económico mundial con más de la mitad del Producto Interno Bruto global proveniente de ellos y cita a los sectores agrícola, alimentario y de la construcción entre los que dependen completamente de la naturaleza.
Los autores del reporte indican que la actividad humana y un modelo económico que prioriza el crecimiento a corto plazo han dañado enormemente los ecosistemas, por lo que pide un cambio de mentalidad que transforme la relación de las personas con la naturaleza. De lo contrario, advierte, la explotación irracional de los recursos naturales generará cada vez mayores pérdidas financieras.
“En la actualidad, la mayoría de los beneficios esenciales de la naturaleza no tienen un valor en el mercado financiero, a pesar de ser la base de nuestra prosperidad actual y futura. Es vital integrar en nuestro sistema económico el valor de la naturaleza de manera profunda, desde las políticas gubernamentales relacionadas con la contratación, la fiscalidad, el comercio y la regulación, hasta la forma en que las empresas y las instituciones financieras toman decisiones sobre la inversión, el riesgo y la divulgación”, apunta el texto.
La inversión se queda corta
No obstante un creciente interés de los gobiernos, las empresas y las instituciones financieras en las soluciones basadas en la naturaleza, el informe recalca la insuficiencia de los presupuestos que se les asignan, que al 2020 ascendían a 133.000 millones de dólares anuales.
De esas inversiones, el 92% son hechas por los países del G20 y el 87% de ellas se distribuyeron internamente hacia programas gubernamentales nacionales.
El análisis enfatiza que a pesar de que la brecha de gasto en los países que no pertenecen al G20 es más grande y difícil de cerrar, los integrantes del grupo destinan apenas el 2% de la inversión a la asistencia oficial para el desarrollo, mientras que las inversiones privadas son muy pequeñas independientemente de que ese sector compone el 60% del PIB nacional de casi todas las naciones del G20.
El documento exhorta al G20 a aumentar la inversión en países menos desarrollados, lo que a menudo puede ser más rentable y eficiente que invertir internamente en soluciones similares basadas en la naturaleza.
El desglose de la inversión actual marca un 86% de fondos públicos y 14% de inversión privada y especifica que los gobiernos nacionales asignan más de un tercio del dinero público a la protección de la biodiversidad del paisaje y casi dos tercios a la restauración de bosques y turberas, la agricultura regenerativa, la conservación del agua y los sistemas de control de la contaminación natural.
El financiamiento privado, por su parte, se destina básicamente a compensaciones de biodiversidad, cadenas de suministro sostenibles e inversiones de impacto.
Incentivos al sector privado
El estudio hace hincapié en que el volumen total de financiamiento de la naturaleza es considerablemente menor que el del financiamiento del cambio climático.
En este contexto, exhorta a los países del G20 a crear oportunidades de inversión privada en soluciones basadas en la naturaleza.
El sector público aporta políticas y normativas que crean un flujo de ingresos sólido y estable para las actividades y los activos de ese tipo de proyectos. Además, los gobiernos y las organizaciones públicas internacionales pueden contribuir a crear un entorno propicio para el desarrollo y ampliación de sus iniciativas.
Entre otras medidas para aumentar la participación privada, los gobiernos pueden fomentar mercados estables y predecibles para los servicios de los ecosistemas como el carbono forestal o prestar dinero público a tasas inferiores a las del mercado, plantea el documento.
Según los expertos del informe, a medida que las empresas entiendan mejor las oportunidades de las soluciones basadas en la naturaleza, surgirán o se fortalecerán los productos financieros de reducción de riesgos, como las garantías y los seguros, para crear perfiles de riesgo-rendimiento atractivos dirigidos a los grandes inversionistas más convencionales.
Los autores también abogan por cambios sistémicos en todos los niveles, incluidos los consumidores que pagan el precio real de los alimentos, teniendo en cuenta su huella ambiental.
“Las empresas y las instituciones financieras deben divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima y la naturaleza, y los gobiernos deben reorientar las políticas fiscales agrícolas y los aranceles relacionados con el comercio”, apunta, apelando a no volver a los modelos anteriores a la crisis del COVID-19, sino a “reconstruir mejor”.
El informe presenta algunos casos de estudio en diversas partes del mundo para ilustrar las posibilidades de abordar el cambio climático y la degradación del medio ambiente.
