** René Narváez hizo un llamado respetuoso pero firme a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que impulse un verdadero fortalecimiento del mecanismo, tal como lo indican las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU.
Redacción
Toluca, Méx. – Durante su participación en el 4º Foro de Análisis de Reforma a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el reconocido locutor y periodista René Narváez Lozada, conocido como “La voz de México”, lanzó un contundente mensaje de condena ante las expresiones ofensivas y actos de represión provenientes de autoridades estatales.
El comunicador emitió un llamado enérgico a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que dejen de violentar el derecho a la libertad de expresión y respeten los mecanismos institucionales que buscan proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
Narváez Lozada se refirió con especial preocupación a las recientes expresiones de desprecio por la libertad de prensa atribuidas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al uso excesivo de la fuerza y el aparato legal en contra del periodista Jorge Luis González, quien fue arrestado y enfrenta un juicio civil millonario por “daño moral”.
“¿Es posible que funcionen los mecanismos de protección si desde el poder se lanzan frases como ‘la libertad de expresión a mí me viene guanga’?”, cuestionó Narváez ante un auditorio conformado por periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de instituciones públicas.
La gravedad de estos hechos cobra especial relevancia al recordar el papel del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia federal operada por la Secretaría de Gobernación y creada para salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión o la defensa de los derechos fundamentales en México.
El Mecanismo: Entre la Intención y la Realidad
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, mil 478 personas se encuentran actualmente bajo protección del mecanismo, que ha operado con presupuestos anuales de cientos de millones de pesos. Aun así, desde diciembre de 2018 hasta la fecha, han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, entre ellos nueve beneficiarios directos del mecanismo.
Esto demuestra, según Narváez Lozada, que el sistema aún presenta graves fallas estructurales, tanto en ejecución como en voluntad política.
“Nos estamos haciendo tontos si creemos que la ley se cumple sólo por estar escrita. No hay mecanismo que funcione si las autoridades lo desprecian desde sus cargos”, advirtió.
René Narváez hizo un llamado respetuoso pero firme a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que impulse un verdadero fortalecimiento del mecanismo, tal como lo indican las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU.
También exhortó a los gobernadores Layda Sansores (Campeche) y Alejandro Armenta (Puebla) a conducirse con respeto hacia la prensa y la ciudadanía.
En el mismo foro se denunció el caso de Renato Romero, defensor de derechos humanos en Puebla, quien fue arrestado violentamente pese a contar con medidas de protección. La causa de su detención estaría vinculada con su activismo en defensa del agua en el municipio de Xoxtla, donde se oponen a la perforación de un pozo concesionado a una empresa privada.
El periodista cerró su intervención recordando que el derecho a la libertad de expresión no es negociable, ni puede estar sujeto a la voluntad del poder político, pues está garantizado tanto por la Constitución Mexicana (artículos 1º, 6º, 7º y 133º) como por tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, incluyendo el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Aquí no se trata de lealtades, se trata de libertades. Aquí no se amenaza, se respeta. Aquí no se persigue al periodista, se le protege”, concluyó. Los participantes del foro coincidieron en que es urgente reformar y fortalecer los mecanismos de protección, pero también erradicar desde el poder los discursos de odio y represión, y garantizar que ningún periodista o defensor de derechos humanos sea perseguido por ejercer su labor.
