** En promedio mensual, el Congreso local ha aprobado 55 iniciativas.
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** De septiembre de 2024 a marzo de 2025 se ha dado trámite a 686 iniciativas, minutas y puntos de acuerdo, de los cuales 334 se aprobaron.
Redacción
Toluca, Méx. – En casi seis meses de trabajo legislativo, la LXII Legislatura mexiquense ha aprobado un promedio mensual de poco más de 55 iniciativas, minutas y puntos de acuerdo, relativos a diversos temas, con lo cual se ha modernizado la legislación, se han logrado cambios profundos en la administración pública y se han saldado deudas históricas, al resolver asuntos que, por décadas, estuvieron detenidos por resistencias.
Mientras que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 se han presentado 686 iniciativas, minutas y puntos de acuerdo y se han aprobado 334 (de los cuales más del 90 por ciento de las leyes y decretos se han aprobado por unanimidad).
Es importante indicar que el Congreso del Estado de México ha legislado asuntos que impactan en la vida cotidiana de las y los 17 millones de mexiquenses, producto de un análisis técnico riguroso, cuidando en todo momento la estabilidad social, económica y política de la entidad y ha abordado temas y nombramientos que estaban pendientes.
En 36 sesiones plenarias y cuatro de la Diputación Permanente, las, le y los diputados locales han avalado 99 leyes o decretos, 58 acuerdos y dos iniciativas del Congreso de la Unión. En casos de reformas de gran calado, como la del Poder Judicial, la profundidad del trabajo de análisis y dictaminación se puede dimensionar en los cientos de artículos modificados.
Esta reforma implicó ajustes a más de 30 artículos y la derogación de seis más de la Constitución local; es decir, uno de los cambios más sustanciales desde la entrada en vigor de la carta magna en 1917.
Lo anterior, derivó en reformas a casi un centenar de artículos del Código Electoral estatal, prácticamente una sexta parte de todo el ordenamiento legal, para el desarrollo de la elección extraordinaria de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de la mitad de las magistraturas y de las vacancias de personas juzgadoras, la cual se celebrará el próximo 1 de junio.
La participación del Congreso mexiquense en este proceso inédito no se limitó a lo normativo, pues se instaló y está trabajando el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que recibió el registro de 594 personas aspirantes, revisó el cumplimiento de los requisitos en la convocatoria, realizó 515 entrevistas, seleccionó a 328 personas idóneas e insaculó a un listado final de 173 (considerando que dos personas desistieron del proceso, por lo cual se realizó otra insaculación para dos personas más).
En cuanto a reformas que saldan deudas históricas, resalta la despenalización del aborto en territorio estatal, convirtiéndose en la entidad número 19 del país en no criminalizar a las mujeres que, por voluntad propia, decidan interrumpir su embarazo, así como a personal médico o parteras que ayuden, hasta como máximo, durante las primeras 12 semanas de gestación.
También se ha legislado con sentido social y humanista, como lo muestran las reformas para reservar más espacios de educación superior para grupos vulnerables, así como el reconocimiento constitucional del derecho de las personas al cuidado digno y la creación del Sistema Estatal de Cuidados.
Otro de los sectores históricamente olvidados que han sido atendidos mediante reformas recientes es el del campo, a cuyas personas productoras se escuchó para dar paso a la regulación de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico.
Una situación similar ocurrió con el medio ambiente, pues se avalaron multas para quien otorgue, de forma gratuita, productos plásticos de un solo uso en unidades económicas; además de trabajo comunitario en materia de protección y preservación del ambiente en el espacio afectado a quienes reincidan en tirar residuos sólidos de cualquier especie en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, despoblados y, en general, en sitios no autorizados.
Se apoyó la organización de la infraestructura para brindar servicios públicos, como las 24 iniciativas para desincorporar y entregar en comodato inmuebles del patrimonio estatal y municipal, para la atención hospitalaria y judicial, particularmente para mejorar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, y al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), así como desincorporaciones en favor de los poderes judicial federal y estatal.
El congreso estatal también ha sido partícipe de los cambios constitucionales a nivel nacional, mediante la aprobación de minutas contra el nepotismo y la reelección; para la simplificación orgánica; la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva; la elevación a rango constitucional de la prohibición del maltrato a los animales y para otorgar facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que también formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Avalaron minutas para otorgar apoyo económico a jóvenes en desocupación laboral; para proteger maíz nativo; en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional y tráfico ilegal de armas; para establecer un sistema con orientación social, a fin de que las personas trabajadoras puedan remodelar, rentar o adquirir una vivienda con financiamiento accesible; esquemas de apoyos para la población en condición de vulnerabilidad; para la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución nacional, así como para modificar la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”.
Asimismo, para que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros; para promover la participación efectiva de comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos, así como la reforma al Poder Judicial a nivel federal.
Este trabajo se suma al cumplimiento, en tiempo y forma, de responsabilidades presupuestales, de control y de fiscalización del Poder Legislativo, como la aprobación de los dictámenes con los que se dan por fiscalizadas, revisadas y analizadas las cuentas públicas estatal y municipales, el aval de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el 2025, tarifas de agua diferentes a las del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Paquete Fiscal 2025.
Al igual que la convocatoria y designación de las personas titulares de la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y de los órganos de control interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios (Infoem) y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).
