Toluca, Edoméx.- En el marco del seminario internacional “El Sistema No Jurisdiccional de Protección a Derechos Humanos, a debate”, concluyeron integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), que los organismos defensores de los derechos humanos están llamados a constituirse como figuras que armonicen, refuercen y amplíen la colaboración para la adecuada defensa de los derechos, privilegiando la cercanía con la gente en los ámbitos municipal y estatal.
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Durante este evento que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), presidida por el Dr. Jorge Olvera García, se abordó el tema de “La defensa de los derechos humanos en perspectiva comparada”, en torno al cual los constitucionalistas reconocieron que los desafíos en la materia se agudizaron ante la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y que “la nueva normalidad” es un fenómeno que plantea la necesidad de asegurar la observancia, protección y disfrute de los derechos humanos.
Sobre esto la constitucionalista argentina Andrea Mensa González; el español Antonio Colomer Viadel; Krystian Complak, de Polonia; el italiano Francesco Biagi, y el brasileño Ricardo Mauricio Freire Soarez, coincidieron en que debe existir un equilibrio entre los derechos fundamentales y los intereses del Estado, de ahí la trascendencia del papel que cumplen los organismos defensores.
También se pronunciaron a favor de que la dignidad humana prevalezca como elemento fundamental para que todas las sociedades recobren su dinamismo, ya que actualmente se vive un contexto de incertidumbre social, política y económica, en el que los principios de progresividad y universalidad de los derechos humanos resultan de primera importancia.
De igual manera indicaron que la atención a la reparación integral del daño a las víctimas debe prevalecer en todos los sistemas multinivel de protección a los derechos humanos, especialmente en el interamericano, para desarticularla de los aspectos de orden presupuestario y de los vaivenes políticos, pues muchos problemas ahondan su raíz en la negación del derecho de acceso a la justicia y la corrupción.
Es importante mencionar que el grupo internacional de académicos se pronunció por la revisión a profundidad de la prisión preventiva, que en muchos casos se vuelve perpetua, y solicitaron que haya una efectiva protección de los derechos humanos ante la crisis político-democrática que se advierte en los Estados constitucionales.
Coincidieron los especialistas en señalar que es imprescindible revisar las limitaciones a las prerrogativas de los poderes públicos, así como la actuación y los criterios de los Tribunales Constitucionales a nivel mundial, a fin de que la interpretación convencionalmente conforme se erija como un modelo orientado al reconocimiento y garantía de derechos no reconocidos expresamente en la Constitución.
