** Propuso que el aseguramiento pueda consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito, retención o descuento directo de ingresos, o cualquier otra forma de garantía suficiente que, a juicio de la autoridad judicial, sea bastante para cubrir los alimentos.
**Expuso que, en el país, se estima que tres de cada cuatro hijas o hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y que, entre 2023 y 2024, la entidad registró 690 personas deudoras alimentarias, de un padrón de casi 14 mil.
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Redacción
Toluca, Méx. – Al indicar que, a nivel nacional, tres de cada cuatro hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) propuso facultar a la autoridad judicial para ordenar de oficio las medidas de aseguramiento necesarias, de acuerdo con las circunstancias de cada caso y en protección del derecho de alimentos.
Durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la proponente expuso que, entre 2023 y 2024, la entidad registró 690 personas deudoras alimentarias, de un padrón de casi 14 mil, por lo cual propuso que el aseguramiento de alimentos pueda consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito, retención o descuento directo de ingresos, o cualquier otra forma de garantía suficiente que, a juicio de la autoridad judicial, sea bastante para cubrir la alimentación de hijas e hijos.
Para tal efecto, mediante su iniciativa de reforma al Código Civil estatal, la parlamentaria solicita también que el aseguramiento (disposición legal que garantiza el pago constante y oportuno de la pensión alimenticia) deberá decretarse por la autoridad judicial con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo de la obligación alimentaria, ya que, en la práctica, en muchas ocasiones su implementación depende de la solicitud de las partes, cuando en realidad debería ser una herramienta que permita actuar con mayor prevención y eficacia.
Agregó que garantizar el derecho de alimentos significa que una niña o niño pueda asistir a la escuela con lo necesario; que tenga acceso a la salud y a una vida digna; y brindar a las familias la tranquilidad de saber que la ley protege su derecho a vivir con justicia.
La legisladora agregó que el derecho de alimentos constituye una de las instituciones jurídicas más relevantes del derecho familiar, al encontrarse directamente vinculado con la subsistencia, la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento efectivo y oportuno.
En este sentido, aseveró, el aseguramiento no debe considerarse como una facultad meramente discrecional, sino como una herramienta fundamental para garantizar la efectividad del derecho de alimentos.
Añadió que cifras oficiales señalan que casi 14 mil personas se encuentran inscritas en el padrón estatal de personas deudoras alimentarias, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de esta obligación.
