Toluca, Edoméx.- En un documento firmado por el ombudsman Jorge Olvera García, se destaca que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) respalda el llamado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A. C. a la LX Legislatura mexiquense para abordar temas urgentes demandados por diversos sectores de la sociedad, y lo secunda a través de un pronunciamiento para que se discutan, analicen y, en su caso, se aprueben las iniciativas legislativas respectivas en beneficio de las personas vulneradas y en aras de fortalecer a la sociedad mexiquense.
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En este documento se destaca el papel de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y coincide en la necesidad de conjuntar esfuerzos, ideas y argumentos para establecer políticas públicas, legislación y programas de protección a los derechos humanos.
Ante la iniciativa de la Ley de Amnistía, la Codhem reitera su postura a favor y propone convocar a instancias que aporten criterios científicos, académicos, sociales y jurídicos sustentados en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad para cohesionar una ley integral que solucione de fondo la problemática que afecta a quienes han sufrido la transgresión de sus derechos fundamentales y están recluidas injustamente en centros penitenciarios estatales.
Asimismo la Codhem ratifica también la necesidad de despresurizar los centros penitenciarios para hacer frente a la sobrepoblación y hacinamiento, como lo establecido en los informes especiales penitenciarios de 2018 y 2019, y al considerar que los penales son hoy escenarios de riesgo ante la propagación del COVID-19 reiteró que deben revisarse los expedientes para identificar a personas que reúnan los requisitos para obtener el beneficio de prelibertad conforme a la normativa correspondiente, como es el propósito de la Ley de Amnistía.
Sobre la Ley para la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, coincide en retomar la propuesta, y señala su participación en las mesas de análisis de la iniciativa de Ley, agregando que para abonar a este asunto la Codhem creó, en agosto de 2018, la Visitaduría especializada; en noviembre del 2019, incorporó las propuestas del Colectivo de Periodistas al Protocolo de Actuación para la Prevención, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Comunicadores, único a nivel nacional; emitió la Recomendación General 1/2019 sobre la situación de las personas que ejercen el periodismo y la comunicación en medios, en el Estado de México, y puso a disposición la aplicación digital App Codhem Per y la línea telefónica 800 999 4002 exclusiva para periodistas.
En tanto sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Codhem va por la aprobación recordando que en septiembre de 2019 llamó a impulsar el respeto y garantía de las libertades de las mujeres, considerando que es un tema toral de la agenda mexiquense que requiere amplia discusión, con criterios científicos, de justicia e igualdad, que permitan defender el derecho a la protección de la salud, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y en especial de niñas y adolescentes, para evitar que pongan en riesgo su vida al interrumpir el embarazo en condiciones clandestinas.
Mientras que en relación al Matrimonio Igualitario, el organismo defensor se pronuncia a favor de garantizar plenamente los derechos de libertad, igualdad y no discriminación, e insiste en que se debe legislar en la materia, pues los criterios jurisprudenciales han concluido que el matrimonio igualitario es una exigencia amparada por el sistema jurídico mexicano; por tanto, se debe establecer en el Código Civil estatal el matrimonio igualitario, con la posibilidad de adoptar también una Ley de identidad de género y avanzar hacia la normalización de la adopción por parte de parejas homosexuales, en el marco de los nuevos tipos de familia.
Cabe decir que la Ley que regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, mereció que la Codhem interpusiera en abril de 2016 una acción de inconstitucionalidad para impugnar diversos artículos violatorios de los derechos humanos a la legalidad, la libertad de expresión y de reunión, y principios constitucionales sobre reinserción social y justicia para adolescentes, por tanto, se deben conjuntar esfuerzos para revisar el contenido jurídico y modificar los artículos declarados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiterando la voluntad del organismo defensor para trabajar en dichos aspectos.
Codhem reiteró que la violencia de género es otro tema relevante, por ello, emitió la Recomendación 1/2018 sobre la situación de la violencia de género, en particular de la violencia feminicida y el feminicidio; creó la Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género; puso en funciones la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia; fortaleció la colaboración con organizaciones civiles que atienden casos de víctimas de feminicidio e implementó el Programa de Protección y Acceso a la Justicia en casos de Violencia Digital de Género.
Sobre esto reconoce a la LX Legislatura la modificación del Código Penal estatal y la adición al Capítulo VI sobre “Violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación” para tipificar y sancionar la violencia digital; en este sentido, la Codhem convoca para que con los criterios de la Ley Olimpia, se amplíe e incluyan todos los supuestos definidos como violencia digital, sobre todo en favor de mujeres y menores de edad que es el grupo más frecuentemente afectado.
Sobre todo al considerar que la perspectiva de derechos humanos en tiempo de COVID-19 debe proteger más que nunca a personas en situación de vulnerabilidad en los distintos escenarios sociales, el organismo defensor emitió la Recomendación General 1/2020 sobre la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva de derechos humanos y la 2/2020 sobre el uso del cubrebocas para garantizar el derecho a la protección de la salud frente al COVID-19.
Por lo cual la Codhem replica el atento y respetuoso llamado para promover la libre discusión, participación y convocatoria a las instancias y sectores relacionados, de las diversas iniciativas de ley, a fin de que aporten directrices y criterios científicos, académicos, sociales y jurídicos, en aras de legislar y fortalecer la igualdad y la justicia en la sociedad.
