Ante el Congreso local, la secretaria María Esther Rodríguez reportó una baja histórica de hasta 49% en acoso y hostigamiento sexual durante la glosa del informe de Delfina Gómez.
Reacción
Toluca, Estado de México — Con una inversión que supera los 53 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México desplegó una estrategia de protección integral destinada a reconstruir los proyectos de vida de las familias afectadas por el feminicidio y la desaparición. Los recursos se distribuyeron a través de tres ejes económicos clave: 24 millones de pesos destinados a la Canasta Alimentaria para mil 727 personas; más de 25 millones de pesos operados por el Programa Valentina para salvaguardar a mil 481 menores en situación de orfandad; y 2 millones 849 mil 350 pesos ejercidos en el Programa de Reparación para otorgar cinco compensaciones subsidiarias.
Así lo expuso la titular de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), María Esther Rodríguez Hernández, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados local con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En su intervención, la secretaria enfatizó que las consecuencias de estos delitos trascienden a las víctimas directas, por lo que el Estado asumió el compromiso ético de evitar la desprotección de hijas, hijos y familiares.
En el rubro de incidencia delictiva, la funcionaria estatal resaltó que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reflejan una tendencia a la baja en delitos de género durante los últimos tres años. Detalló que el acoso sexual disminuyó casi un 49 por ciento, el hostigamiento sexual bajó más del 43 por ciento, las violaciones se redujeron en un 15.18 por ciento y el abuso sexual descendió un 8.75 por ciento. “El feminicidio representa la expresión más extrema de la violencia y exige una respuesta firme y coordinada”, subrayó.
Finalmente, en materia de búsqueda y localización, Rodríguez Hernández precisó que la SeMujeres coordina una mesa de trabajo interinstitucional que prioriza el diálogo con los familiares de las víctimas. Para agilizar las acciones de rastreo, se capacitó al personal operativo de los siete municipios mexiquenses que cuentan con Alerta por Desaparición, logrando que 600 servidoras y servidores públicos obtuvieran certificaciones oficiales bajo estándares especializados en la localización de personas desaparecidas y no localizadas.
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