** Participa Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, en Foro Estatal: Hacia la Construcción de Comunidades de Paz en la Legislatura mexiquense.
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** Destaca el papel de la justicia cívica para construir sociedades donde prevalezca el orden público y se fortalezca la convivencia social.
Redacción
Toluca, Estado de México. – Destaca el gobierno del Estado de México que trabaja en una iniciativa de ley que promueva mecanismos alternativos de solución de conflictos, para garantizar a la población mexiquense el acceso a la justicia cotidiana, destacó Jesús George Zamora, Consejero Jurídico al participar en el Foro Estatal: Hacia la Construcción de Comunidades de Paz que se llevó a cabo en la Legislatura local.
“Que permita, verdaderamente, involucrar a la sociedad, involucrar a los colegios de abogados, involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, en todas las instancias que puedan resolver los conflictos desde la mediación y la conciliación, de una manera colaborativa con las instituciones gubernamentales”, indicó.
Asimismo, el consejero Jurídico puntualizó que la justicia cívica en conjunto con la mediación y la conciliación, deben ser los nuevos paradigmas para la construcción de comunidades de paz y el acceso a la justicia en nuestro país, mediante la participación de todos los sectores de la sociedad.
De igual manera recordó que, en noviembre de 2023, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez promulgó la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, mediante la cual, se crearon los Juzgados Cívicos a cargo de los ayuntamientos.
Explicó que para conocer los avances y retos que se enfrentan en la materia, la Comisión de Derechos Humanos estatal realizó en 2024 y 2025 el Diagnóstico Integral de Justicia Cívica para evaluar su desempeño en los 125 municipios; Tecámac, Aculco, Texcoco, Huixquilucan y Toluca, son los que cuentan con mayores avances.
Entre los aspectos evaluados se encuentran: cumplir con los derechos a la protección de la salud, a una estancia digna y segura, a la seguridad jurídica y debido procedimiento, a la integridad personal y a las buenas prácticas de la administración pública. El diagnóstico propone generar protocolos de trato diferenciado para evitar vulnerar los derechos de adolescentes, personas indígenas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y personas con alguna enfermedad crónica.
