**El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con la finalidad de que se agraven las penas para quienes cometan delitos en unidades, paraderos, terminales o instalaciones del transporte público o concesionado.
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**Se estima que nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia como agresiones verbales, persecución, acoso y/o abuso sexual en estas unidades.
Por: Redacción
CDMX.- Con el objetivo de combatir los delitos que se cometen en el transporte público o concesionado, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, suscribió una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal, a través de las cuales busca que se agraven las penas para quienes realicen ilícitos como robos, abuso sexual o violencia a bordo de las unidades, como autobuses, combis o taxis.
El senador por el Estado de México, Enrique Vargas, explicó que el transporte público y concesionado es un servicio esencial para millones de mexicanos, pues lo utilizan para desplazarse hacia sus centros de trabajo, escuelas, acceder a servicios de salud o, simplemente, realizar actividades recreativas, por lo que es necesario combatir e impulsar acciones que inhiban los delitos que se cometen a bordo de las unidades, en donde hay una alta concentración de personas y vulneran gravemente la integridad de las y los usuarios.
“La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos, especialmente, mujeres, jóvenes y personas mayores, hace indispensable elevar las penas cuando dichos delitos se cometan en el transporte público y/o concesionado, con el fin de disuadir la comisión de estos, reconocer el carácter agravado del delito cuando se realice en contra de personas que usan un servicio de movilidad esencial y proteger los derechos humanos fundamentales de los grupos más vulnerables”, sostuvo.
De acuerdo con el legislador panista, en la más reciente Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 70.9 por ciento de las mujeres dijeron sentirse inseguras al usar el transporte público, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres reveló que nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia como agresiones verbales, persecución, acoso y/o abuso sexual en estas unidades, lo que hace necesario proteger a este sector con penas más severas para quien ejerza este tipo de prácticas en México.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, mostró que alrededor de 23.7 por ciento de las personas dejaron de usar transporte público por temor a ser víctimas de un delito y 36.7 por ciento evita tomar taxis, al contar con una percepción de ser un medio inseguro; cifras que se complementan con los más de cinco mil 103 robos que se cometieron a bordo de unidades concesionadas en el Estado de México, el año pasado.
“El Código Penal Federal vigente incluye figuras delictivas para el robo, abuso sexual y violencia, pero no contempla agravantes específicas ni suficientes para los delitos cometidos en el transporte público concesionado, aun cuando estos afectan a grupos vulnerables y a la población en general, de forma sistemática, generan un impacto colectivo, afectan la libertad de tránsito y lesionan derechos humanos, por lo que cobra relevancia esta reforma”, sostuvo.
La iniciativa del senador Enrique Vargas contempla adicionar la fracción VI al Artículo 266 Bis para que las penas previstas para el abuso sexual y la violación aumenten hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando estos delitos sean cometidos dentro de las unidades, estaciones, paradas, terminales o instalaciones del transporte público o concesionado.
Además, se reformaría el Artículo 376 Ter, para que se sancione a quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen los servicios del transporte público o concesionado, el cual se entenderá como todo medio de traslado de personas que opere mediante concesión, permiso o autorización otorgada por la autoridad competente, incluyendo vehículos, estaciones, terminales, paradas e infraestructura vinculada a la prestación del servicio.
