Por: Alejandro Carrillo.
Valle de México.-Según la Red de Derechos de la infancia en México (REDIM), nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en decesos por COVID-19 con más de 128,822 víctimas mortales al 5 de enero del 2021; además de 1,466,490 personas que han sid0o confirmadas de contagio por este virus en el país.
Se prevee que el impacto económico en las familias será altamente negativo, por la Pandemia especialmente en los niños, pues muchos quedarán en incertidumbre jurídica por la custodia legal , posible abandono escolar y daños en su salud mental.
La pandemia de Covid-19 afecta significativamente la vida y bienestar de las niñas, niños y adolescentes pues ellos también se enferman y mueren a causa del COVID-19 en México. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, al 04 de diciembre de 2020, se reportan 33,721 casos positivos en todo el país, concentrados principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y
Guanajuato. Del total de los casos positivos a la fecha del 4 de diciembre, el 51% son hombres y el 49 % mujeres. Por otro lado, en México los casos no son homogéneos dentro del grupo de 0 a 17 años, y la información muestra en mayor vulnerabilidad de contagio a la población de 12 a 17 años.
Respecto a las defunciones de casos con resultado positivo de COVID-19, los incrementos son alarmantes ya que de abril a diciembre se han acumulado un
total de 364 fallecimientos, concentrados significativa en: el Estado de México (53), Baja California (30) y Puebla (25). De estos fallecimientos, el 54.4% son varones, 45.6% son mujeres, el 57.4% tenían entre 0 y 5 años, y el 28.3% tenía entre 15 y 17 años.
Además, la proporción de niños y niñas mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad aumenta a 1 de cada 32. El principal problema de nutrición que
padecen niñas y niños de entre 6 a 11 años es la presencia de ambos padecimientos: obesidad y sobrepeso. En cuanto a la diabetes, hay alrededor
de 13,500 niñas, niños y adolescentes (de 0 a 14 años) que padecen diabetes
tipo 1 en México. El ambiente obesogénico y las prevalencias de malas condiciones de salud de las niñas, niños y adolescentes aumentan su vulnerabilidad, mismas que deben considerarse en las medidas de políticas públicas.
Con el avance de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que los pacientes sospechosos de infección por COVID-19, deben ser sometidos a una prueba de detección del virus mediante pruebas PCR.
Pero hasta el momento en nuestro país no hay datos oficiales que nos permitan tener un panorama de la cantidad de niñas y niños huérfanos por COVID-19.
Por ello han señalado que es urgente iniciar con un conteo, identificación y planes de restitución de derechos de cada niña, niño y adolescentes víctimas de la pandemia de COVID-19.
El Incremento de desigualdad y la pobreza infantil convierte en vulnerables al COVID-19 a niños y niñas; la pobreza compromete el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en el
país residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes, representando el 30.8% del total de población, y en los últimos años la prevalencia de la pobreza en la niñez y adolescencia en México se ha mantenido alta: 49.6 % de esta población se encuentra en situación de pobreza y 9.3 % en pobreza extrema.
Además se señala que la crisis de aprendizaje por la pandemia con el cierre de las escuelas ha afectado a Miles de niños en el país. En total, 4.8 millones de estudiantes de preescolar, 14 millones en educación primaria y 6.5 millones en educación secundaria fueron afectados por la pandemia.
A pesar de diversos esfuerzos para mitigar el cierre de escuelas, entre los que resaltan la iniciativa de educación a distancia “Aprende en casa”, el 48.5% de familias que participaron en la ENCOVID-19 reportaron dificultades para continuar con la educación por falta de una computadora o internet. 1.4 millones de hogares todavía no cuenta con señal de televisión digital, y sólo el 52.9% de las familias en México tiene acceso a internet mediante conexión fija o móvil.
La decisión de usar la radio y televisión se entiende ante una emergencia en los primeros meses, no obstante, no puede considerarse como la medida principal y permanente del nuevo ciclo educativo 2020-2021 porque la evidencia muestra que, sin la comunidad educativa, escaso acceso a internet ni condiciones óptimas para estudiar no existirá aprendizaje significativo y representará la exclusión de los más pobres.
Ya que pese a los portales, plataformas y estrategias de atención virtual que se han desarrollado y siguen
expandiéndose, muchos niños, niñas y adolescentes reciben pocas o nulas oportunidades de aprendizaje, por lo que es altamente probable que muchos/
a se sumen a los 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes que ya no asistían a la escuela antes de la pandemia. Este riesgo se incrementa en las comunidades migrantes e indígenas, para las cuales no existe información sobre modalidades que respondan a sus particularidades.
Asimismo, el cierre de las escuelas trasladó el trabajo de cuidado y acompañamiento académico a las familias, papel tradicionalmente asignado a las mujeres y a las niñas, quienes cargan una doble o triple jornada de trabajo, aliviando la responsabilidad estatal de
políticas educativas, de cuidado e incluso de salud. Los efectos serán devastadores para las niñas y mujeres adolescentes, y sin una intervención adecuada, las brechas de género se profundizarán, lo que llevará a un aumento en el riesgo de explotación sexual, embarazo adolescente y uniones tempranas o forzadas.
Esta injerencia en el ciclo educativo de una niño o adolescentes tendrá
repercusiones perdurables en los sistemas educativos en términos de acceso, calidad, equidad y gestión, las cuales persistirán una vez concluida la epidemia y entre los que se pueden señalar:
**profundización de las brechas digitales
**desvinculación con la educación.
**abandono escolar.
**aumento de delitos contra la niñez y la adolescencia en línea, cambio de patrones de sueño por el aumento de horas frente a la pantalla.
**aumento de sedentarismo por el confinamiento y afectaciones socio-emocionales por falta de socialización y contacto personal.
Es fundamental recalcar el vínculo entre el derecho a la educación como otros
derechos, como la alimentación, participación, protección ante la violencia, servicios de salud, entre otros, sobre todo cuando en México la alimentación
proporcionada en la escuela es la única fuente de alimentación de muchas niñas, niños y adolescentes, que no tienen acceso a los necesarios en sus
casas, debido a los niveles de pobreza en el país.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa ignorando el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en el país y sigue tomando
decisiones que les afectan directamente pensando solamente en personas
adultas: mamás, papas y personal docente.
El cierre del ciclo escolar pasado
dejó importantes aprendizajes entre los que destacan la necesidad de generar un amplio diálogo nacional sobre el modelo educativo en contexto de pandemia. Es necesario que el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mecanismo de coordinación de la política pública, sesiones de manera urgente, en conjunto con los gobiernos Federal y de los estados.
