** Plantea que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas capaciten y certifiquen a estas unidades y a sus integrantes.
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Redacción
Toluca, Méx. – Teniendo como propósito fortalecer e incrementar sustancialmente la capacidad del Estado para atender a las víctimas del delito, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, el Grupo Parlamentario del PRI planteó que las policías estatales y municipales establezcan unidades especializadas para coadyuvar en la atención de menores víctimas del delito, conforme a la legislación aplicable.
A propuesta de los legisladores Alejandro Castro Hernández y Elías Rescala Jiménez, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, respectivamente, establece que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sean las encargadas de capacitar y certificar a estas unidades. Dichas unidades deberán conformarse con personal debidamente preparado en primeros auxilios, manejo psicológico de crisis, orientación jurídica y recepción de denuncias.
La iniciativa —cuya lectura fue dispensada ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense— propone reformar las leyes de Víctimas, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Orgánica Municipal de la entidad. El objetivo es que las policías municipales implementen, conforme al Código Nacional, los mecanismos adecuados para recibir denuncias sobre hechos posiblemente constitutivos de delito, y que tanto la Procuraduría de Protección como la Secretaría de Seguridad estén facultadas para recibir denuncias relacionadas con hechos presuntamente delictivos.
Esta la propuesta establece que la o el titular de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, cuando se requiera un mayor número de asesoras o asesores jurídicos, podrá contratar los servicios de abogados particulares, conforme a tarifas previamente aprobadas por el Consejo Consultivo y por un periodo determinado. Esta medida busca ampliar el alcance de los servicios de la Defensoría, y quienes sean contratados deberán cumplir con las mismas obligaciones que rigen para el personal que desempeña funciones de asesoría jurídica en la institución.
El documento establece que las autoridades estatales y municipales generarán indicadores de resultados con metas claras en la protección de niñas, niños y adolescentes, incluyendo mecanismos transparentes para su evaluación, seguimiento y participación ciudadana. Estos serán publicados en el periódico oficial Gaceta del Gobierno.
La modificación propuesta se justifica al señalar que, en la entidad, el número de víctimas supera ampliamente la capacidad operativa e institucional del Estado, lo que genera una brecha significativa entre los derechos reconocidos y aquellos efectivamente garantizados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2024, en 2023 cerca del 40 por ciento de los hogares mexiquenses fueron víctimas de algún delito. Cada año se cometen, en promedio, alrededor de 6.5 millones de delitos en la entidad, de los cuales se denuncia menos del 10 por ciento.
Por otra parte, aunque la encuesta no desagrega los datos por edad, la iniciativa señala que en los últimos años cientos o incluso miles de menores han sido víctimas de homicidio, trata, secuestro, desaparición y diversas formas de violencia.
Enfatiza que el Estado de México es la entidad donde los hospitales han reportado el mayor número de atenciones médicas a niñas, niños y adolescentes por casos de violencia familiar, sexual y física.
