- Denuncia rentas de inmuebles gubernamentales que superan costos registrados en ciudades como Nueva York, Miami y París.
- La iniciativa fortalece la transparencia, endurece las reglas de contratación pública y busca proteger el patrimonio de las y los mexiquenses.
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Redacción
Toluca, Estado de México. – Los contratos de arrendamiento de inmuebles para oficinas gubernamentales no pueden seguir siendo un negocio al amparo del erario, afirmó el diputado Octavio Martínez Vargas al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México, con el propósito de combatir los sobreprecios, impedir la simulación de avalúos y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, el legislador advirtió que durante administraciones anteriores el arrendamiento de inmuebles se convirtió en un mecanismo que permitió la celebración de contratos con costos excesivos, condiciones desventajosas para el Estado y compromisos que incluso rebasaron los periodos legales de gobierno.
“La capital del Estado de México, Toluca, tiene costos de arrendamiento de inmuebles más caros que, por la misma superficie, los que se encuentran en París, Miami o Nueva York”, señaló al exponer que actualmente alrededor de 600 inmuebles son rentados por ayuntamientos, poderes públicos y organismos autónomos.
Como ejemplo, mencionó el caso de un inmueble arrendado por el Tribunal Electoral del Estado de México mediante un contrato por diez años con una renta mensual de 500 mil pesos, pese a que la legislación establece que ninguna autoridad debe comprometer este tipo de convenios más allá del periodo para el que fue electa o designada.
El diputado sostuvo que este tipo de prácticas responden a esquemas que favorecieron intereses particulares mediante sobreprecios y contratos que afectaron el patrimonio público, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco jurídico para evitar su repetición.
La iniciativa propone reformar los artículos 8, 37, 40 y 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México para ampliar las facultades de la Oficialía Mayor en la emisión de lineamientos para la contratación pública e incorporar nuevos criterios para evaluar el arrendamiento de inmuebles, considerando aspectos como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y generación de ahorros para el sector público.
Asimismo, plantea desechar las propuestas sustentadas en avalúos simulados o técnicamente irregulares y dar vista a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos administrativos y la aplicación de las sanciones correspondientes.
La propuesta también incorpora nuevos impedimentos para contratar con el sector público a personas físicas o jurídicas que incurran en sobreprecios, simulación de avalúos o incumplan las condiciones de mantenimiento y seguridad de los inmuebles destinados a oficinas gubernamentales.
De igual forma, establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar la normatividad administrativa en un plazo no mayor a 120 días, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de las nuevas disposiciones.
Al concluir su intervención, Octavio Martínez Vargas, integrante de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, hizo un llamado a las y los diputados para analizar la iniciativa y cerrar espacios a prácticas que durante años permitieron el uso discrecional de recursos públicos mediante contratos de arrendamiento con sobreprecios.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Legislativas de Combate a la Corrupción y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para su estudio y dictamen.
