Derechos humanos en el Estado de México: Retos y perspectivas en la implementación de compromisos internacionales, titulo del conversatorio.
**Este evento reunió a defensoras y defensores de derechos humanos,
académicos y autoridades de diferentes niveles para reflexionar sobre los retos y
oportunidades en la implementación de las recomendaciones del EPU en el Edoméx.
Redacción…….
Toluca, Méx.- Teniendo como marco la Biblioteca Pública Municipal José María Heredia y Heredia, se llevó a cabo el
conversatorio titulado ‘Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en el Estado de México: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal’, organizado por el Colectivo EPUMx.
La cual es una articulación de más de 300 organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos.
Mientras que a través de varios informes presentados en el marco del 4o Examen Periódico
Universal de México (EPU), este colectivo realizó un amplio diagnóstico sobre la situación
general de los derechos humanos en el país.
Cabe recordar que el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
revisa el cumplimiento de los compromisos internacionales en derechos humanos de los países.
Asimismo en su 4o ciclo, México recibió 318 recomendaciones, de las cuales aceptó 304 y tomó nota de 14.
Mientras que este mecanismo proporciona una visión integral sobre los derechos humanos en el país, abordando temas clave que permiten identificar problemáticas y posibles soluciones interrelacionadas.
Teniendo como contexto, el evento reunió a defensoras y defensores de derechos humanos, académicos y autoridades de diferentes niveles para reflexionar sobre los retos y oportunidades en la implementación de las recomendaciones del EPU en el Estado de
México.
Siendo una entidad con graves desafíos, como la violencia de género, desapariciones, militarización y riesgos para las personas defensoras y periodistas, se destacó la urgencia de avanzar en la protección efectiva de los derechos humanos.
Cabe exponer que durante el evento, Hugo Arreola, representante del Centro de Derechos Humanos
‘Zeferino Ladrillero’, puntualizó la importancia de atender las diversas recomendaciones en materia de uso de la fuerza, haciendo énfasis en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, y contra la militarización de la seguridad pública, especialmente en el contexto actual de la entidad. Hizo un llamado enfático a replantear las políticas de seguridad y a establecer un mayor control sobre las fuerzas policiales y de seguridad actuales.
Por su parte, Norma González, de Amnistía Internacional, ofreció un análisis detallado sobre los impactos de la violencia contra la mujer, destacando que el Estado de México ocupa el tercer lugar en feminicidios, después de Guanajuato y Baja California; ocupa el primer lugar con el mayor número de mujeres desaparecidas y que a pesar de
los esfuerzos del Estado Mexicano por prevenir, atender y erradicar la violencia por razones de género, ésta continúa, por lo que subrayó la necesidad de que el Estado asuma con urgencia las, al menos 38 recomendaciones internacionales en esta área.
En tanto ,Mario Hurtado, del Espacio OSC, expuso el tema de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, destacando que el Estado de México es una de las entidades con el mayor número de personas con medidas de protección debido al riesgo que enfrentan por ejercer su labor de defensa.
Además de señalar la necesidad de atender las recomendaciones, en particular las que
proponen fortalecer el Mecanismo Estatal de Protección y establecer un plan de
persecución penal para estos delitos.
Por su parte Mónica Olmedo, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), habló sobre la situación de niñas, niños y adolescentes como víctimas de delitos.
De igual forma destacó la persistente realidad sobre trabajo infantil y desaparición como dos factores de
riesgo que facilitan el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada, factores que son potenciados por el rezago educativo, el aumento de la violencia y subrayó la necesidad de que se consideré prioritaria evitar la simplificación orgánica de los SIPINNAS para poder contar con
políticas públicas y leyes que garanticen la atención y satisfacción de los derechos de la infancia.
Para concluir Zué Valenzuela, de PODER, abordó la situación de las empresas y los derechos humanos, recalcando la importancia de contar con una legislación con perspectiva de derechos humanos y género, transparente e intercultural que obligue a las empresas a rendir cuentas y al gobierno estatal asumir su rol garante frente a los abusos y violaciones a derechos humanos por la actividad empresarial. Hizo un llamado a que, a nivel local, se establezcan procedimientos de debida diligencia y respeto a los derechos humanos en todas las fases de la actividad empresarial.
Al dar por terminado este conversatorio, se hizo un firme llamado a las autoridades estatales para que prioricen la implementación efectiva de las recomendaciones del EPU, asegurándose de monitorearlas y de desarrollar mecanismos que promuevan políticas públicas más inclusivas y respetuosas con los derechos humanos. Se subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones, así como de incrementar los recursos humanos y financieros para las acciones en derechos humanos.
Se resaltó el compromiso de seguir colaborando de manera conjunta para impulsar cambios estructurales que beneficien a las poblaciones más vulnerables de la entidad.
