* La diputada Emma Álvarez (PAN), el diputado Octavio Martínez (morena) y la legisladora Miriam Silva (PVEM) respaldaron la iniciativa de la bancada del PAN que propone esa pena a quien obligue o permita dicha práctica.
* La legisladora Emma Álvarez detalló que los municipios en donde más casos se presentan son: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan.
Redacción
Toluca, Méx.- Al recordar que en 2024 se abrieron más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculadas a presuntas uniones forzadas de menores en el Estado de México, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) y la legisladora Miriam Silva Mata (PVEM) manifestaron su respaldo a la iniciativa del PAN que propone hasta 22.5 años de prisión para quien obligue o consienta una relación de hecho entre menores de edad para convivir como pareja.
En la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura estatal, dedicada al análisis de la iniciativa que busca endurecer las sanciones por consentir u obligar matrimonios entre menores, la diputada Álvarez Villavicencio señaló que los municipios con mayor incidencia son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan.
Al destacar que estos hechos ocurren principalmente en zonas urbanas, el congresista Octavio Martínez pidió convocar al Poder Judicial para enriquecer la propuesta, además de enfatizar la importancia de no criminalizar a las y los menores al abordar este problema. También señaló que en el Hospital de las Américas de Ecatepec se registran mil 200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de edad.
La legisladora Miriam Silva, los matrimonios forzados entre menores representan un problema tanto nacional como estatal, por lo que enfatizó la necesidad de aplicar la legislación vigente y no limitarse solo a discursos. Además, señaló que la pena propuesta es proporcional al daño que causa este delito.
La iniciativa de reforma al Código Penal de los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador del grupo parlamentario del PAN, propone hasta 22.5 años de prisión a quien obligue, procure, induzca, coaccione, solicite, gestione, oferte, facilite o consienta cualquier relación de hecho para hacer una vida en común, sin fines de lucro o a cambio de un pago en efectivo o en especie, a una persona menor de edad con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años, sin importar creencias religiosas o usos y costumbres, aun cuando sean los padres quienes inciten o consientan estas conductas.
Destaca sanciones de ocho a 15 años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, que podrán incrementarse hasta en una mitad (es decir, hasta 22 años y medio de cárcel y seis mil días multa) si el delito se comete con violencia o en contra de personas menores de edad que padezcan alguna discapacidad o pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Actualmente se consideran de dos a cuatro años de prisión y de 500 a dos mil días multa por este delito.
Comisión evalúa agilizar el procedimiento de cambio o corrección de nombre
En otro tema, la congresista Emma Laura Alvarez, el diputado Octavio Martínez y la legisladora Miriam Silva, coincidieron en que agilizar el procedimiento de cambio o corrección de nombre es una reforma necesaria y oportuna, ya que actualmente este trámite puede tomar de cuatro a ocho meses.
Al iniciar el estudio de esta iniciativa al Código Civil estatal que plantea la diputada Elena García Martínez (morena), la parlamentaria Alvarez Villavicencio detalló que, en 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Registro Civil de la entidad, hubo más de cinco mil de estas peticiones. No obstante, rechazó eliminar el Consejo Dictaminador del Registro Civil, que emite opinión sobre estas peticiones (como pide la iniciativa), y abogó por su fortalecimiento.
El congresista Octavio Martínez apuntó que muchas solicitudes sólo buscan corregir un error ortográfico, y sin embargo toma mucho tiempo su solución. Al referir que muchos casos involucran a personas adultas mayores, señaló que el Instituto Nacional Electoral admite escoger la identidad sexual sin mayor trámite que la petición de la persona solicitante de la credencial de elector, lo que muestra que es posible agilizar un trámite.
La legisladora Miriam Silva afirmó que la propuesta retoma lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se pronunció por reformar los reglamentos internos del Registro Civil para realizar una modificación integral.
Esta propuesta también plantea eliminar procedimientos que prolongan la resolución de las solicitudes de cambio de nombre, reduciendo el tiempo actual de 30 a 15 días hábiles a partir de la solicitud, y la eliminación del Consejo Dictaminador, facultando a la Dirección General del Registro Civil de la entidad a realizar el trámite de manera rápida y gratuita.
