** La legisladora Nelly Rivera y el diputado Rigoberto Vargas y la diputada proponente coincidieron en que la tecnología nunca debe sustituir al personal docente ni reemplazar el pensamiento crítico.
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Redacción
Toluca, Méx. – Al coincidir en que la tecnología no debe sustituir al personal docente ni reemplazar el pensamiento crítico, las comisiones unidas del Congreso local aprobaron que las autoridades educativas fomenten, entre docentes y estudiantes de nivel medio superior y superior, el uso responsable, ético y progresivo de la Inteligencia Artificial (IA) con fines educativos.
Es importante decir que las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Especial de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial, aprobaron la iniciativa de la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), que también prevé que, una vez publicado el decreto, el Poder Ejecutivo dispondrá de los recursos humanos y financieros necesarios para su correcta implementación.
Sobre este contexto, la legislación actual ya establece que la autoridad educativa procurará de manera progresiva el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente el servicio gratuito de internet en espacios educativos para el uso de la comunidad escolar únicamente para fines académicos o culturales.
Asimismo, al agradecer el respaldo a su propuesta para reformar la Ley de Educación del Estado de México, la proponente señaló que, si bien la IA ya forma parte de la vida cotidiana, el mundo laboral y el ámbito educativo, su uso nunca debe sustituir a las y los maestros en las aulas, ni profundizar las desigualdades; al contrario, debe ayudar a construir una educación más moderna, incluyente y cercana a las necesidades actuales.
Agregó que su iniciativa pone en el centro al estudiantado mexiquense y ahora la responsabilidad será el uso ético y gradual de la IA, con el acompañamiento docente, pues se trata de una herramienta al servicio del aprendizaje, que ayude a fortalecer capacidades, despertar vocaciones tecnológicas, ampliar oportunidades y preparar mejor a las juventudes para los retos presentes.
En su oportunidad, la legisladora Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) indicó que, a nivel nacional, más del 80 por ciento de estudiantes y personal docente universitario utilizan diariamente la IA generativa, según datos recientes de la Secretaría de Educación Pública.
Instancia que, señaló, ha emitido 10 recomendaciones para su uso en el ámbito educativo, sin sustituir la reflexión, el pensamiento crítico ni la creatividad humana.
Añadió que esta reforma permitirá que el Estado de México no solo sea consumidor de tecnología, sino líder en su aplicación ética y productiva, especialmente para las nuevas generaciones. Al aprobar este proyecto, expresó, se protege la integridad académica de las juventudes y se les prepara para un mercado laboral donde el uso de la IA ya es una de las habilidades con mayor demanda.
Mientras que, al presidir la reunión, el legislador Rigoberto Vargas Cervantes (morena), explicó que la utilización de tecnologías digitales por parte de estudiantes es una realidad presente y no futura; además, enfatizó en la importancia de que el Congreso reglamente su uso para protegerlos, especialmente en temas de datos personales, ya que, afirmó, las tecnologías llegan sin regulación previa.
DE igual manera resaltó el trabajo de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación en el dictamen referido, así como en el análisis de otras iniciativas que abordan temas como la normatividad del uso del celular, con el objetivo de dotar a las instituciones educativas de herramientas legales que orienten los procesos pedagógicos.
El documento de la iniciativa precisa que la dimensión ética es un aspecto importante para llevar a buen puerto la incorporación de la IA en el ámbito educativo. En este sentido, añade, su aplicación debe regirse por principios que garanticen el respeto a los derechos humanos y aseguren que toda recomendación automatizada esté sujeta al juicio pedagógico y a la supervisión humana, particularmente en decisiones que afecten la trayectoria académica, la evaluación o el acceso a servicios educativos.