**Familiares del actor fallecido piden sanción severa a quien lucré con tragedia
Síguenos en nuestras redes sociales como Péndulo Online
Redacción::::…
Toluca, Méx.- Después de más de un año de la muerte del actor Octavio Pérez Ocaña, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos exigen castigo severo a quien filtre imágenes de víctimas para lucrar con la tragedia, por lo que la diputada Luz Ma. Hernández Bermúdez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de México, y se sancione también a cualquier servidor público que cometa ilícitos relacionados con el respeto a los cadáveres y no solo a los de instituciones de seguridad pública.
La legisladora de Morena detalló que en este caso, ocurrido el 29 de octubre de 2021 en el tramo carretero Chamapa-Lechería, y cuyas causas que originaron su fallecimiento aún continúan en proceso de investigación, fue una paramédico quien se encargó de proporcionarle los primeros auxilios cuando aún se encontraba con vida, durante su traslado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, trayecto en el cual ocurrió su deceso y quien presuntamente fotografió el cadáver y compartió las imágenes.
“Dicha persona Marcelina N. se encuentra excluida de la agravante del tipo penal toda vez que el artículo que la ley establece “Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte”, siendo esta servidora pública ajena a las instituciones definidas”, aseveró.
Asimismo recordó que en agosto de 2021 se publicaron reformas al Código Penal de la denominada Ley Ingrid que impone sanciones a quien audio grabe, comercialice, comparta, difunda, exponga y filme, publique o remita imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Mientras que tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad.
Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte.
LuzMa Hernández subrayó que aunque fue una evolución por el respeto de los derechos humanos, la redacción actual no toma en cuenta aspectos relevantes que pueden atentar contra el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, porque excluye a servidores públicos que tienen probable participación en el proceso de atención a la víctima aún con vida o de la manipulación del cadáver.
Y por ello, la multa para quienes incurren en la conducta delictiva es muy baja y por lo tanto no cumple con el objetivo de evitar su cometimiento, ya que es de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, tomando como referencia el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), valor diario 96.22 pesos, mientras que en la Ciudad de México es 10 veces mayor, de 500 a mil UMAS.
La diputada LuzMa. Hernández propuso reformar el artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, con el objeto de prevenir el cometimiento del acto ilícito relacionado al “respeto a los cadáveres” y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas indirectas del mismo.
Esta propuesta establece sancionar al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
Y establece que se impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de quinientos a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. … Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública, las penas previstas se incrementarán hasta diez años.
Al concluir la presentación de la iniciativa, familiares de Octavio Ocaña, abogados e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos Lex ProHumanitas, Floreciendo con Dignidad, A.C. y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, exigieron justicia y agradecieron el respaldo de la diputada LuzMa. Hernández y del Grupo Parlamentario de Morena por impulsar iniciativas que eviten lucrar con la tragedia.
Octavio Augusto Pérez Alvarado, padre del actor fallecido aseveró que hay miles de casos como el suyo, pero no cualquiera levanta la voz en los medios de comunicación para presionar a las autoridades como ocurrió con la Fiscalía del Estado de México que ya había dado carpetazo al caso
“Volvimos a abrir la carpeta, ya tenemos un detenido, cinco a punto de ser detenidos y un prófugo, así que espero poder ayudar a otras gentes como en mi caso, y orientarlos”.
Bertha Kristel Pérez Ocaña, agradeció el apoyo de la Legislatura para que con estas reformas a la ley sean parteaguas en otras entidades, donde ocurren casos similares, mientras que Ana Lucía Ocaña Beltrán, madre de Octavio Pérez Ocaña agradeció el respaldo a la familia “porque el dolor nunca va a acabar, no nos lo van a regresar, pero gracias por apoyar a que no sea un carpetazo, luchamos como familia hasta el último momento”.
Fernando Manilla Contreras, director general de Lex Pro Humanistas exigió que en el caso Ocaña, haya justicia total, que no quede un solo delito sin investigar, ni culpable sin condena. “Lo que queremos es que el legado y el recuerdo de nuestro querido Octavio Ocaña quede por todas las generaciones en la ley, para que las próximas personas que sean víctimas de un delito tan ruin, como obtener dinero por traficar fotografías la piensen dos veces”.
