** Según señaló Adriana “N” una persona del sexo femenino que se ostentó como hija de Marisela Serrano, solicito a la policía municipal presentarla ante las autoridades por delitos electorales.
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**En el día de la libertad de expresión y a unos días de que se aprobará la ley de protección a Periodistas y defensores de los derechos humanos, los gobiernos de Antorcha se obstinan en mantener viejas prácticas en contra de comunicadores en el Estado de México.
Ixtapaluca, EdoMéx.- Por documentar el voto de la Alcaldesa Maricela Serrano como parte de la cobertura electoral de este 6 de junio, una integrante de la redacción del medio informativo fue sometida por agentes de la policía municipal y llevada a las instalaciones, donde la multaron “por alterar el orden público”, violando su Derecho a la Libertad de Expresión.
Aunque parezca un absurdo en pleno proceso electoral y a unos días de que se dió la aprobación de la ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos en el Estado de México, se vulnera de forma soez a una periodista forzandola a borrar su trabajo periodístico argumentando que no estaba acreditada ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) como si fuera está acreditación un argumento jurídico para transgredir el trabajo de informar en la localidad.
Ayer cerca de las 10:00 horas, Adriana “N”, reportera del portal infopolitano acudió a la casilla 2092, ubicada en la plaza de la comunidad El Tejolote, donde la candidata del PRI en Ixtapaluca emitió su voto.
Mientras grababa el arribo y el sufragio de la Alcaldesa que buscaba reelegirse, una mujer quién se identificó como “hija de Maricela Serrano” increpó a Adriana, la amedrentó y exigió a los policías detenerla.
Aunque la colaboradora en todo momento se ostentó como reportera del medio de comunicación fue sometida y subida a una
patrulla por varios agentes.
Los uniformados argumentaron que la colaboradora no estaba acreditada ante el IEEM y que estaba prohibido grabar o tomar fotografías del proceso electoral, lo cual es falso, pues los Artículos 6 y 7 constitucionales, así como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obliga a los gobiernos a respetar la libertad de expresión y no interferir con este derecho, independientemente si se trata de un periodista o no.
“La libertad de expresión no sólo protege mi derecho a difundir mis ideas y conocimientos, me permite también buscar y recibir información verdadera y de diferentes medios. Esta libertad se traduce en la facultad de leer periódicos y revistas, escuchar la radio, asistir y participar en debates públicos, ver programas de televisión y navegar en el internet. (Artículos 6º y 7º constitucionales; y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)”, se lee
en el manual de Derecho a la Libertad de Expresión del Gobierno federal.
Si, como aseguraban los policías, nuestra colaboradora violó una Ley, debió ser llevada al
Ministerio Público y no ante el Juez Calificador, donde deliberadamente se le multó por
“alterar el orden”.
“La mujer, que dijo que era hija de la candidata y líder de antorcha , me dijo que no podía tomar fotos y me obligó a borrarlas y ya no me dejaron ir, me subieron a la patrulla”, narró la víctima.
Durante la detención, los policías municipales además violaron los protocolos de actuación, pues no le informaron sus derechos ni el motivo de su detención ni a donde sería llevada, tampoco le permitieron comunicarse con algún familiar y, por si fuera poco, la amenazaron durante el trayecto.
Adriana “N” fue ingresada a las galeras de la comandancia de la Policía, conocido como Sistema Municipal de Tecnología Policial (SMTP), donde agentes -incluidas mujeres-, la volvieron a amedrentar.
“Que el tiempo que iba a estar ya no dependía de lo que hubiera hecho en El Tejolote, que
dependía de cómo me portará con los policías, me metieron a los separos y nunca me
presentaron ante el Juez Calificador”, contó Adriana.
Aunque el staff de Infopolitano.com se comunicó con el personal de Comunicación Social del gobierno municipal de Ixtapaluca para informar de los hechos, no fue puesta en libertad hasta más de tres horas después y tras cubrir una multa de mil 700 pesos.
En el recibo emitido por la Tesorería Municipal se lee “por alterar el orden público” y no por
“delitos electorales” como fue el argumento de los uniformados. Por estos hechos, la comunicadora presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos mexiquense (Codhem) en contra de la Policía y del Juez Calificador.
