Durante la glosa del Informe de Gobierno, los partidos aliados respaldaron la política de honestidad de la Contraloría, mientras que la oposición centró sus reclamos en la percepción del 76.6% de corrupción y la extinción del Infoem.
Redacción
Toluca, Estado de México. – La Glosa del Tercer Informe de Gobierno de la mandataria Delfina Gómez Álvarez detonó un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas de la LXII Legislatura, quienes fijaron posturas encontradas al evaluar el desempeño de la administración pública mexiquense durante la comparecencia de Hilda Salazar Gil, titular de la Contraloría estatal.
El bloque oficialista integrado por morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) cerró filas en torno a la gestión estatal, argumentando que la honestidad, la austeridad y la contraloría social comunitaria son los pilares vigentes del gobierno. En un sentido completamente opuesto, diputados de la oposición adscritos al PRI, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD centraron sus intervenciones en la persistente percepción ciudadana de corrupción y lanzaron duras críticas contra la desaparición del Infoem.
Cuestionamientos de los grupos parlamentarios
- Al abrir las intervenciones por morena, el presidente de la Directiva, Vladimir Hernández Villegas, remarcó que el propósito de la Contraloría es prevenir, detectar y sancionar conductas indebidas. Su homólogo de bancada, Román Francisco Cortés Lugo, elogió las 3 mil 500 auditorías reportadas y el despliegue de la vigilancia comunitaria, cuestionando el volumen de recursos fiscalizados en obras y programas sociales.
- Desde la perspectiva del PVEM, la parlamentaria Alejandra Figueroa Adame colocó el acento en la revisión patrimonial de los funcionarios. Preguntó sobre el total de sanciones acumuladas en este rubro y las garantías de imparcialidad que ofrece la propia Contraloría.
- En representación del PT, la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo reconoció la orientación gubernamental hacia la honestidad pública y pidió pormenores respecto al cumplimiento de medidas correctivas de las dependencias, así como los resultados de los sistemas antisoborno.
- La bancada del PRI, por conducto de María Mercedes Colín Guadarrama, expuso con preocupación datos del INEGI que ubican a la corrupción como el segundo problema más importante para el 61.5% de los mexiquenses. Exigió aclarar cómo operará la protección de datos y el acceso a la información ahora que el órgano Transparencia Mexiquense pertenece a la Contraloría en sustitución del Infoem. También solicitó informes sobre denuncias desechadas y el nombramiento en el Órgano Interno de Control de Cultura y Turismo.
- Para el PAN, la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio calificó este problema como un “cáncer” tras recordar que el 76.6% de la población percibe conductas corruptas frecuentes en el aparato estatal. Calificó la extinción del Infoem como un “retroceso democrático” e indagó qué candados evitarán la reserva indebida de expedientes de compras públicas.
- La legisladora de MC, Lilia Urbina Salazar, sostuvo que la efectividad no radica solo en las cifras de sanción sino en los recursos blindados contra licitaciones dirigidas y conflictos de interés. Además, pidió transparentar la liquidación y el estatus de los derechos laborales del personal civil del desaparecido Infoem.
- Finalmente, Araceli Casasola Salazar del PRD reclamó un padrón de exfuncionarios del sexenio 2017-2023 encarcelados por corrupción. Pidió detalles sobre las revisiones a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación frente a acusaciones de desvíos en el ejercicio 2025.
Respuestas y balance de la Contraloría
Al dar respuesta a los cuestionamientos, la secretaria Hilda Salazar Gil defendió el enfoque preventivo de la dependencia, señalando que la estrategia central consiste en anticipar riesgos y cerrar espacios a las conductas indebidas bajo un apego estricto a la legalidad.
Por último, al desglosar los resultados del área de fiscalización, la funcionaria informó la identificación de un universo de 2 mil 831 observaciones. Detalló que 1 mil 718 de ellas corresponden de manera directa a esquemas de mejora del control interno institucional, mientras que las 1 mil 113 restantes se ligaron a probables irregularidades administrativas; de estas últimas, confirmó que 947 ya fueron plenamente solventadas y 616 se remitieron a las áreas de investigación para dar inicio a los procedimientos legales correspondientes.
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