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Por: Alejandro Carrillo.
Toluca, Edoméx.-Este pasado fin de semana durante el 214 aniversario del ilustrador nacional y el día del periodista mexiquense, se anunció la reforma a la ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos por parte de la coordinadora de comunicación social Nayeli Gómez Castillo.
A nombre de la gobernadora Delfina Gómez, Gómez Castillo dibujó la propuesta en la que se contemplan contar con servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y profesionalización, mismas que fueron planteados en un ejercicio honesto y de amplia participación en 2025, precisamente en los foros de consulta impulsados por la agrupación 100 periodistas por el Estado de México.
En el municipio sureño de Sultepec contando con la presencia de periodistas de las regiones del Oriente, el Valle de México, del Valle de Toluca y del Sur del Edoméx se dio a conocer que, en próximos días, la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez impulsará mesas de trabajo para avanzar en la construcción de la Reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, “Toda vez que el periodismo libre es necesario para la democracia que el Gobierno mexiquense defiende”, afirmó la funcionaria en la celebración histórica.
“Se trata de una iniciativa que nació de un diálogo profundo y directo con ustedes, escuchando sus propuestas para atender necesidades del gremio. En los foros realizados, ustedes manifestaron la necesidad de ir más allá de la seguridad física”, señaló Gómez Castillo.
Sin duda, habrá que esperar que sea en el congreso mexiquense donde pueda enriquecerse la propuesta con la participación de todas las voces en la entidad, sinembargo se puede adelantar que existe amplio consenso de los logros alcanzados para hacer realidad las demandas históricas de los periodistas.
Es decir, que sin duda los diputados mexiquenses podrán hacer alguna añadidura en razón de sus propias propuestas y agendas, como el registro voluntario, también discutir los alcances sociales de la propuesta enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Pero para un gremio que ha logrado el diálogo abierto para impulsar una propuesta de buen calado, será un “requisito” -propiamente dicho- el tránsito por la discusión en la Legislatura, pues la reforma sin duda, es el reflejo de un trabajo sólido que se puede reafirmar con la amplia participación en los cuatro foros de consulta realizados en los municipios de Texcoco, Tlalnepantla, Chalco y Toluca en 2025 dónde todas las voces participaron y presentaron sus propias ideas mismas que se sumaron al documento de reformas.
Sin menoscabo, de que se puedan sumar propuestas adicionales, la reforma va a ser una realidad, que tocará, no solo a esta sino a las próximas generaciones de periodistas, ya que el documento adiciona los temas prioritarios para la prevención y atención de riesgos, así como la mejora de los procedimientos para la atención y protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, todo ello para integrarse en una propuesta legislativa robusta, orientada a asegurar que el Estado de México cuente con un marco jurídico moderno, garantista y alineado con los estándares y buenas prácticas aplicables en materia de libertad de expresión.
Cabe destacar, que la iniciativa de reforma contempla una revisión a la visión de prevención de riesgos, pues pone en perspectiva la atención a las problemáticas que vulneran el ejercicio por parte de los periodistas en la entidad y si hacemos una reflexión, aunque la ley tutela precisamente la libertad de expresión, son las condiciones en el ejercicio del periodismo lo que garantiza una libertad en el marco de la equidad, la protección y la democracia.
Temas como la precarización laboral, ligados a la inexistente capacitación continua en nuevas tecnologías de la información, admiten que los cambios en la materia no solo son de prevención ante una amenaza, sino ante la falta de garantías para ejercer una libertad de expresión en el marco de los estándares internacionales.
La falta de garantías de las empresas para otorgar servicios de seguridad social a los periodistas se atiende con la inserción a los programas de seguridad social del estado, como el IMSS bienestar y como el programa de IMSS para periodistas por cuenta propia impulsado en el sexenio del presidente López Obrador desde la presidencia de la república.
Soslayar la propuesta, aduciendo argumentos retrogradas del pasado como que cada periodista tiene la obligación de pagar su seguridad social y su capacitación, ponen en evidencia su falta de compromiso con los problemas colectivos, y niegan los avances obtenidos con el trabajo del gremio.
Más aún advierto que desestimar la necesidad de tener esta reforma como un gesto colectivo y como un logro de la unidad del gremio, pondrá a cada quien en su justa dimensión, pues sin duda alguna el ejercicio de participación de los foros abrió -si- la discusión no solo del gremio, sino de especialistas en cada uno de los ámbitos de la ley, incluso para atestiguar el problema de acceso a la vivienda, de protocolos de prevención con perspectiva de género, o de la vulnerabilidad de los periodistas con una discapacidad, con una preferencia sexual distinta, e incluso de los periodistas provenientes de los pueblos originarios y la necesidad de regionalización en el consejo consultivo del mecanismo ante las múltiples realidades en materia de ejercicio periodístico en la entidad.
La ley de protección, ante la reforma tiene otra mirada, una más social, que no trastoca la protección a través de medidas de protección y de prevención pero que sin embargo, amplia su ámbito de aplicación, en aspectos primordiales para las y los periodistas, quien lo reduzca a una mirada “chayotera”, o de privilegios desconoce el génesis de este movimiento, y pone en evidencia su apuesta para trastocar la respuesta de altura a una vulgar moneda de cambio.
Para otros es sin duda, el principio del trabajo arduo para que la interpretación de la ley tenga alcances sociales, no producto de dádivas que respondan a circunstancias políticas o electorales, sino a derechos reconocidos en la legislación, que trastoquen de forma positiva las vidas de los periodistas en la entidad más poblada del país y que no condicionen ni la libertad de expresión, ni la defensa de los derechos humanos.
Ahí está la disyuntiva, sumar con propuestas de fondo y entrar a la discusión mediante argumentos en las mesas de análisis que propicien el avance democrático, o quedarse en el mismo sitio, criticando lo que se hace sin la menor alternativa de reconocer el logro colectivo como un reinicio de la lógica de la relación del gremio con el gobierno.
Nosotros desde los 100 periodistas decidimos que seguiremos adelante, porque las circunstancias nos lo obligan y más aún cuando la titular del ejecutivo la Gobernadora Delfina Gómez ha demostrado su don de gente, por lo que ella dará finalmente el paso obligado para atender nuestras demandas con la altura de miras de que un Estado con medios fuertes, fortalece la democracia además respetando el consenso para concretar un cambio histórico, y que en el colectivo quedé el convencimiento de un trabajo activo y profesional, no uno de criticar desde la barrera, como siempre ha ocurrido.
Apostamos por el cambio en razón del consenso, pero tampoco nos aferramos, el ciclo tendrá su cauce natural, no como artífices sino como parte inequívoca de una conciencia que, con honestidad y trabajo, tiene la tranquilidad del éxito.
